Las noticias del día en la Región de Aysén y la Patagonia.
Las dudas sobre la conducción de la política exterior. Una pregunta incómoda quedó instalada después de escuchar a la experta en derecho internacional Paz Zárate en Lo que importa, de Daniel Matamala: ¿tiene Chile hoy un canciller preparado para enfrentar el mundo que estamos viviendo?
La democracia volvió en 1990, pero las balas no desaparecieron con la dictadura. Bajo la llamada “democracia protegida”, inteligencia, infiltración y operativos policiales desarticularon a los grupos armados, dejando tras de sí muertos y episodios aún controvertidos. La Oficina cumplió su misión; la pregunta incómoda es si la democracia debía protegerse también de los métodos utilizados para defenderla.
Los archivos atribuidos al ELN revelan contactos, interés en las protestas chilenas y referencias a un supuesto “Plan Hermes”, pero no acreditan por sí solos que el MIR, el FPMR o una organización extranjera hayan planificado o dirigido el 18-O. Convertir comunicaciones e intenciones en prueba de autoría es dar un salto que la evidencia conocida hasta ahora no permite. La verdad sobre el 18-O debe construirse con investigación y pruebas verificables, no transformando sospechas en hechos consumados.
Las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, sobre el estallido social de 2019 abrieron una controversia que trasciende la disputa política interna y alcanza las relaciones exteriores de Chile. La denuncia presentada por parlamentarios busca esclarecer si existió acceso irregular a información de inteligencia, mientras el debate instala una pregunta de fondo: hasta dónde puede llegar la participación de una potencia extranjera en asuntos que competen a la soberanía y la deliberación democrática nacional.
Tras atribuir a sectores de izquierda responsabilidades en la violencia del estallido social de 2019, el embajador de Estados Unidos reconoció que su país no cuenta con una investigación ni con documentos específicos que respalden esas afirmaciones. Una aclaración que abre dudas sobre el sustento de sus dichos y sobre los límites que debe respetar la diplomacia cuando se pronuncia sobre asuntos internos de Chile.
La detención del exfiscal Vinko Fodich por una investigación vinculada a presunto lavado de activos reabre el debate sobre los límites éticos, los conflictos de interés y la denominada “puerta giratoria” entre la persecución penal y el ejercicio privado. Cuando quienes conocieron desde dentro el funcionamiento del sistema terminan bajo investigación, la pregunta inevitable es cuánto pesan el dinero, las redes y el poder frente al deber público que alguna vez ejercieron.
El embajador Brandon Judd asegura que información de inteligencia estadounidense responsabilizaría a sectores de izquierda por el estallido social. Si existen esos antecedentes, Chile debe exigir que sean entregados a la Justicia. Si no existen, sus palabras comienzan a parecerse demasiado al estilo grandilocuente de quien lo nombró: Donald Trump. La vinculación política entre ambos no es una inferencia: Trump nominó a Judd como embajador en Chile, y Judd había sido durante años una figura cercana a sus políticas migratorias y fronterizas.
La nueva solicitud de desafuero contra el senador Miguel Ángel Calisto abre no sólo un frente judicial, sino también un eventual escenario político para Aysén. Si el proceso avanzara hasta una vacancia definitiva, su reemplazo no surgiría de una nueva elección, sino de las reglas constitucionales aplicables a su condición de independiente asociado a la FRVS. El próximo 14 de septiembre será la primera fecha clave.