La Oficina: la sangre incómoda de la transición chilena

Hay una parte de la transición que rara vez se cuenta completa.
Cuando Chile recuperó la democracia en 1990, la violencia política no desapareció de un día para otro.
El FPMR-A, el Movimiento Juvenil Lautaro y otras organizaciones continuaron realizando acciones armadas, asaltos, secuestros y ataques contra policías.
El asesinato de Jaime Guzmán en abril de 1991 terminó por convencer al gobierno de Patricio Aylwin de crear un organismo especial de inteligencia.
Así nació el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, más conocido como “La Oficina”.
No era la CNI. Tampoco era formalmente una policía secreta. Dependía del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y su función legal consistía en reunir inteligencia, coordinar a Carabineros e Investigaciones y contribuir a desarticular las organizaciones armadas.
Y aquí comienza una historia que incomoda tanto a la derecha como a parte de la izquierda.
Uno de sus principales integrantes fue el socialista Marcelo Schilling Rodríguez, antiguo miembro del GAP que había protegido al presidente Salvador Allende. Junto con él estuvieron figuras democratacristianas como Jorge Burgos y Mario Fernández, además de representantes de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. Es decir, La Oficina no fue “socialista” ni “democratacristiana”: fue un aparato de seguridad del Estado de la naciente Concertación.
Su objetivo era terminar con la violencia armada.
Y, en gran medida, lo consiguió.
Pero vale la pena mirar el precio.
15 de noviembre de 1990. Marco Ariel Antonioletti. Militante del Lautaro. Había sido rescatado violentamente desde el Hospital Sótero del Río en una operación en que murieron funcionarios del Estado. Un día después, Investigaciones lo localizó en Estación Central y lo mató.

La versión oficial habló de enfrentamiento; reconstrucciones posteriores sostuvieron que pudo tratarse de una ejecución. Este hecho ocurrió antes de que existiera formalmente La Oficina.

18 de diciembre de 1991. Enrique Torres Saravia, Ignacio Escobar Díaz y Sergio Valdés Valdés. Militantes del Lautaro interceptados después de un asalto bancario en Coquimbo. Murieron por disparos policiales. Testigos señalaron posteriormente que habrían sido baleados cuando estaban heridos y en el suelo.

22 de enero de 1992. Álex Muñoz Hofmann y Fabián López Luque. Militantes del FPMR-A. Después de un asalto frustrado huyeron hasta una vivienda en Ñuñoa, mantuvieron allí una familia retenida y fueron cercados durante horas.
Liberaron a los ocupantes. Después salieron. La policía sostuvo que hubo enfrentamiento; otras reconstrucciones afirman que pretendían entregarse y fueron acribillados. Ambos murieron.
Y luego vino Apoquindo.
21 de octubre de 1993.
Un grupo del Lautaro asalta un banco. Muere un vigilante. Durante la fuga los militantes entran a un microbús lleno de pasajeros. Un carabinero resulta mortalmente herido.
Entonces las policías disparan sobre el vehículo.
No diez veces.
No veinte.
El expediente llegó a registrar 162 impactos de bala.
Dentro del microbús murieron tres lautaristas y también tres ciudadanos que simplemente viajaban en locomoción colectiva. Doce personas quedaron heridas.
Para entonces Marcelo Schilling ya no estaba en La Oficina y el antiguo Consejo Coordinador incluso había sido reemplazado legalmente por la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones.
Eso también debe decirse, porque investigar la historia no consiste en acomodarla a nuestras simpatías políticas.
Y ése es precisamente el punto.
No se trata de convertir a organizaciones armadas en víctimas inocentes. Hubo policías asesinados. Hubo vigilantes muertos. Hubo secuestros, armas, asaltos y violencia política que un Estado democrático tenía obligación de perseguir.
Pero una democracia se diferencia de aquello que combate precisamente en la manera en que ejerce la fuerza.
Un combatiente armado puede ser detenido.
Puede ser procesado.
Puede ser condenado.
Puede pasar décadas en prisión.
Lo que una democracia no debería admitir como “mal menor” es que alguien que puede ser detenido termine muerto en el suelo, acribillado al salir de una casa o dentro de un microbús con pasajeros.
Durante años escuchamos que la transición chilena necesitaba una “democracia protegida”.
Quizá todavía falta hacer la pregunta incómoda:
¿protegida de quién y a qué precio?
Porque después de 1990 también corrió sangre.
Sangre de policías.
Sangre de civiles.
Sangre de militantes armados.
Y cuando existen antecedentes que hacen sospechar que una persona pudo haber sido ejecutada después de ser reducida, la democracia no puede responder simplemente que era el precio necesario para consolidarse.
Los crímenes cometidos por organizaciones armadas deben llamarse crímenes.
Pero los eventuales crímenes cometidos desde el Estado tampoco pueden transformarse, por conveniencia histórica, en simples “procedimientos policiales”.
Tal vez ésa sea una de las últimas cuentas pendientes de nuestra transición:
terminamos con la dictadura para recuperar el Estado de Derecho. No para aceptar que, bajo una nueva bandera, algunos muertos fueran considerados necesarios para protegerlo.
Y una democracia que necesita olvidar sus muertos para explicar su éxito quizás todavía tiene una parte de su historia pendiente de juzgar.