Chile no puede normalizar la injerencia extranjera en sus asuntos internos

Las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el estallido social de 2019 han dejado de ser simplemente una polémica comunicacional. El episodio comienza a adquirir ribetes que alcanzan directamente a nuestras relaciones exteriores, a la diplomacia y al principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado soberano.
Cuando un representante diplomático extranjero atribuye responsabilidades políticas sobre uno de los acontecimientos sociales más relevantes de nuestra historia reciente y, además, alude inicialmente a información proveniente de “inteligencia”, resulta legítimo preguntarse hasta dónde llega el conocimiento —o la intervención— de organismos extranjeros respecto de procesos políticos internos de Chile.
Los diputados Luis Cuello y Daniela Serrano, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Partido Socialista, han solicitado al Ministerio Público investigar un eventual acceso irregular a antecedentes protegidos por la legislación chilena sobre inteligencia. Será la Fiscalía, y no la discusión política, la encargada de establecer si existió o no alguna conducta ilícita. Pero el problema diplomático ya está instalado.
Las posteriores aclaraciones del embajador —señalando que Estados Unidos no envió investigadores a Chile, que no posee documentos específicos sobre el 18-O y que sus apreciaciones provendrían de conversaciones con políticos, policías, académicos y fuentes abiertas— hacen todavía más necesaria una explicación consistente.
Porque aquí existe una pregunta que Chile no debiera dejar pasar:
¿Estamos frente a una opinión personal de un embajador, frente a un análisis político elaborado a partir de fuentes públicas, o frente a información obtenida mediante canales de inteligencia y cooperación entre Estados?
No son situaciones equivalentes.
Las relaciones diplomáticas entre países amigos deben sustentarse en el respeto mutuo. La cooperación internacional en seguridad e inteligencia puede ser necesaria, pero jamás puede convertirse en una puerta trasera para intervenir en las controversias políticas internas, calificar movimientos sociales o intentar establecer desde una embajada extranjera quiénes fueron los responsables políticos de acontecimientos ocurridos en territorio chileno.

La soberanía no depende del color político del gobierno de turno. Hoy puede resultar conveniente que una potencia extranjera respalde determinada interpretación de nuestra historia; mañana esa misma práctica puede utilizarse para presionar decisiones económicas, sociales, estratégicas o electorales.

Por eso este asunto debe tratarse como una cuestión de Estado y de política exterior, no simplemente como una disputa entre izquierda y derecha.

Chile debe mantener buenas relaciones con Estados Unidos y con todas las naciones con las que comparte intereses políticos, económicos y estratégicos.
Pero amistad diplomática no significa subordinación, y cooperación no puede confundirse con injerencia.
La historia latinoamericana contiene suficientes ejemplos de lo que ocurre cuando las grandes potencias comienzan opinando sobre los procesos internos de nuestros países y terminan intentando condicionarlos.
Una democracia madura puede discutir profundamente las causas del estallido social de 2019.

Lo que no necesita es que una representación diplomática extranjera venga a escribirle las conclusiones.

Los problemas de Chile los discutimos y resolvemos los chilenos.
Esa debería ser una frontera diplomática que ningún gobierno, cualquiera sea su orientación política, esté dispuesto a relativizar.