El 18-O exige verdad, no certezas fabricadas

En redes sociales vuelve a circular un relato que pretende presentar como una verdad definitivamente establecida que el MIR y el FPMR estuvieron detrás del 18-O y que organizaciones extranjeras planificaron la violencia y los incendios del Metro de Santiago.

Es una afirmación grave y, precisamente por su gravedad, debe someterse al mismo estándar que exigiríamos frente a cualquier acusación política: pruebas, no insinuaciones.

Hay hechos reales detrás de esta historia. En los dispositivos incautados en Colombia a Andrés Vanegas Londoño, alias Uriel, dirigente del ELN, fueron encontrados cerca de dos millones de archivos.

La revista Semana informó en 2021 que Uriel seguía con interés lo que ocurría en Chile y mantenía comunicaciones con contactos asociados al MIR y al FPMR.

También informó de un denominado “Plan Hermes”, que habría buscado expandir la influencia del ELN e infiltrar organizaciones vinculadas a movilizaciones sociales.

Eso merece ser investigado.
Pero una cosa es acreditar contactos, comunicaciones, intenciones o interés político y otra completamente distinta es demostrar autoría material, financiamiento, planificación o dirección de los acontecimientos del 18 de octubre de 2019.

Ahí está la principal debilidad del relato viral: convierte indicios en conclusiones.
Que Uriel hablara con determinadas personas no demuestra que el ELN organizara el estallido.

Que existiera un supuesto Plan Hermes no demuestra que ese plan se ejecutara exitosamente en Chile.

Que integrantes o contactos vinculados al MIR o FPMR conversaran con Uriel tampoco permite concluir que esas organizaciones planificaron los incendios del Metro. Y mucho menos demuestra que todo el movimiento social de 2019 haya sido diseñado desde el extranjero.

El propio gobierno chileno fue prudente cuando recibió esos antecedentes.

El entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, señaló que la información proveniente del extranjero era analizada, sin presentar públicamente esos antecedentes como prueba concluyente de la autoría del estallido.

También resulta problemática la afirmación viral de que “en 10 minutos 20 estaciones del Metro estaban totalmente incendiadas”. Los antecedentes disponibles indican que Metro terminó con 25 estaciones incendiadas, siete totalmente y 18 parcialmente, además de otras estaciones dañadas.

Por tanto, afirmar que 20 estaban “totalmente incendiadas” en diez minutos requiere una prueba específica que la publicación no entrega.

Y hay un antecedente todavía más importante: las investigaciones judiciales de los incendios se desarrollaron estación por estación y sobre personas concretas.

En algunas hubo imputados y pruebas específicas; en otras no fue posible identificar responsables. Por ejemplo, la Fiscalía investigó y acusó específicamente por el incendio de la estación Pedrero.

La investigación parlamentaria posterior también examinó los incendios, los sistemas de televigilancia y la actuación de los organismos de inteligencia.

Por eso, después de casi siete años, corresponde hacer una distinción fundamental: que todavía existan interrogantes sobre determinados episodios del 18-O no transforma una hipótesis en un hecho probado.

Chile tiene derecho a conocer toda la verdad. Si existen antecedentes de intervención extranjera, que se desclasifiquen cuando jurídicamente corresponda, que se entreguen al Ministerio Público, que se investiguen y que los tribunales determinen responsabilidades. Caiga quien caiga.

Pero buscar la verdad significa exactamente eso: investigar también aquello que contradice nuestras propias convicciones políticas.
Porque reemplazar una investigación por una publicación de Facebook, convertir comunicaciones en conspiración demostrada y presentar sospechas como sentencias no ayuda a esclarecer el 18-O: construye otro relato político sobre él.

La verdad no necesita exageraciones. Necesita pruebas.