Cuando la política deja de disputar ideas y comienza a destruir personas

La denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional por el diputado Juan Santana abre una discusión que debería preocupar bastante más allá de las simpatías o antipatías políticas que provoquen sus protagonistas. Según informó BioBioChile, la presentación solicita investigar antecedentes relacionados con cuentas presuntamente vinculadas al consultor argentino Fernando Cerimedo y con personas asociadas al comando presidencial de José Antonio Kast. Se trata, por ahora, de antecedentes denunciados que deberán ser investigados y eventualmente acreditados por el Ministerio Público, no de hechos judicialmente establecidos.

Pero precisamente por eso el asunto adquiere una dimensión política mayor.
El problema no es solamente determinar quién administró una cuenta, quién dio una instrucción o desde dónde salió determinada publicación. La cuestión de fondo es qué ocurre con una democracia cuando la competencia electoral abandona progresivamente la confrontación de proyectos, programas e ideas y comienza a trasladarse hacia la demolición personal del adversario.

El caso resulta todavía más inquietante porque las controversias asociadas a estas campañas digitales no han afectado únicamente a adversarios ideológicos de la derecha. Evelyn Matthei, proveniente del mismo amplio sector político que José Antonio Kast, cuestionó públicamente al mandatario por el caso Cerimedo y la discusión sobre bots.

Ese elemento es particularmente revelador.
Cuando las herramientas de hostigamiento digital dejan de utilizarse solamente contra quien está al otro lado del espectro político y comienzan a emplearse —o siquiera aparece la sospecha fundada de que puedan emplearse— contra competidores del propio sector, la política entra en una lógica mucho más peligrosa: ya no importa derrotar una idea, sino eliminar electoralmente a quien estorba.
Cerimedo no es una figura irrelevante dentro de la comunicación política regional. Distintos antecedentes públicos lo relacionan con campañas de Javier Milei, Jair Bolsonaro y Rodrigo Paz.

Él mismo ha reconocido disponer de estructuras de trolls y haber realizado campañas negativas destinadas a deteriorar la imagen de adversarios políticos, aunque ha rechazado algunas de las imputaciones formuladas respecto del uso que habría hecho de esas herramientas.

Ahí está precisamente la frontera que una democracia no debería normalizar.
Una cosa es la crítica política, incluso la más dura. Otra muy distinta es construir ecosistemas digitales capaces de amplificar rumores, instalar sospechas, repetir acusaciones miles de veces, convertir interpretaciones en aparentes certezas y generar artificialmente la impresión de que existe una condena social espontánea contra determinada persona.

El mecanismo es perversamente sencillo: si miles de cuentas repiten una misma acusación, el ciudadano puede terminar creyendo que está observando una opinión colectiva cuando, eventualmente, podría estar frente a una operación coordinada.
Es la industrialización del rumor.
Y su objetivo final no necesariamente consiste en convencer al elector de apoyar una propuesta.

A veces basta con producir desconfianza, hastío o desprecio hacia el adversario.
Por eso este fenómeno resulta especialmente grave cuando se instala dentro de una misma coalición o familia política. Si mañana cualquier candidato sabe que competir internamente puede significar convertirse en blanco de ejércitos digitales, campañas anónimas o destrucción reputacional, entonces las primarias dejan de ser espacios democráticos de selección y comienzan a parecerse a mecanismos de supervivencia.

El mensaje implícito sería brutal: quien desafíe al candidato dominante puede ser políticamente destruido.
Y cuando esa lógica se naturaliza dentro de un sector, nada garantiza que después no sea utilizada contra periodistas, dirigentes sociales, académicos, jueces, organizaciones civiles o cualquier ciudadano incómodo para quienes concentren poder político y capacidad comunicacional.

Las democracias normalmente no se deterioran de un día para otro. También pueden desgastarse lentamente cuando comienzan a aceptarse como normales conductas que hace algunos años habrían resultado intolerables.

Primero se relativiza la mentira porque perjudica al adversario.
Después se justifica el anonimato porque favorece electoralmente al propio sector.

Más tarde se tolera el hostigamiento porque “así funcionan las redes sociales”.

Y finalmente nadie recuerda exactamente cuándo la política dejó de intentar convencer y comenzó simplemente a destruir.

La investigación del Ministerio Público deberá establecer responsabilidades concretas. Mientras aquello ocurre, conviene mantener una distinción indispensable: una denuncia no constituye una condena y toda persona involucrada conserva plenamente su presunción de inocencia.

Pero políticamente ya existe una pregunta que ningún sector democrático debería esquivar:
¿Queremos elecciones donde los ciudadanos decidan entre proyectos de sociedad o elecciones donde triunfe quien posea la maquinaria digital más eficiente para destruir la reputación del adversario?
Porque cuando la política reemplaza argumentos por operaciones, propuestas por rumores y debate por linchamientos digitales, puede ganar una candidatura.

Lo que termina perdiendo es la democracia.