Cinco ministros supremos aprobaron trato directo por $26.889 millones con constructora que había sido rechazada en la licitación ese mismo día

Investigación de Diego Ortiz, Manuel Romero, Francisca Soto y Mauricio Weibel Barahona, publicada en CIPER Chile. La oferta de la empresa superaba en $12.366 millones el presupuesto disponible.

El expresidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y los ministros Mario Carroza, María Teresa Letelier, Diego Simpértigue y María Angélica Repetto aprobaron el 21 de julio de 2022 un trato directo por $26.889 millones con Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez para edificar el Centro de Justicia de Los Ángeles. Esto, a pesar de que la empresa había sido descalificada ese mismo día en la licitación del contrato para esa obra, debido a que su equipo profesional no cumplía con la experiencia exigida.

La decisión —consignada en el Acta 840 del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial— se adoptó aunque la cifra ofertada por la empresa excedía en $12.366 millones los recursos que en ese momento tenía disponibles el Poder Judicial para realizar la obra, cuya construcción se había licitado con un monto máximo de $14.523 millones.

En respuesta a consultas de CIPER, la CAPJ señaló que antes de firmar el trato directo se le pidió a la empresa que actualizara sus antecedentes y cumpliera "con los requerimientos de la licitación, en especial respecto de los profesionales", y que el presupuesto aprobado no tenía relación con el valor de ejecución de la obra por el alza de precios, la disponibilidad de mano de obra y el alza del dólar.

Una vez asignado el trato directo, los magistrados decidieron flexibilizar las condiciones financieras: aceptaron que la empresa presentara una póliza de seguros por el fiel cumplimiento de la obra, en reemplazo de la boleta de garantía exigida por contrato, mucho más onerosa. Cinco bancos habían rechazado otorgar una boleta de garantía a la empresa por problemas de riesgo financiero.

Además, durante la obra, la CAPJ se retrasó en 47 ocasiones en responder los requerimientos enviados por la empresa, lo que generó la obligación de efectuar millonarios pagos por el atraso. El pago más voluminoso estuvo asociado al requerimiento de información número 86, cuyo retraso de 60 días en la respuesta generó un pago por $594.425.583, lo que derivó en una investigación administrativa que aún no concluye.

Pese a estos retrasos, la apertura oficial al público y la puesta en marcha del Centro Judicial de Los Ángeles comenzaron a concretarse de forma progresiva durante los primeros meses de 2026, luego de que las obras finalizaran su construcción a fines de 2025. CIPER recibió diversas denuncias sobre estos hechos, revisó las licitaciones y las actas del Consejo Superior de la CAPJ, y contactó a la empresa —que declinó hacer comentarios públicos— y al Poder Judicial.