CUANDO LOS PROPIOS PARLAMENTARIOS OFICIALISTAS COMIENZAN A TOMAR DISTANCIA…

Hay decisiones políticas que pueden explicarse en un informe técnico.

Otras, en cambio, son bastante más difíciles de explicar frente a una urna
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El Gobierno de José Antonio Kast decidió recurrir al Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso que obliga a las empresas de electricidad, agua y gas a reconectar gratuitamente los servicios básicos de familias y pequeñas empresas ubicadas en zonas declaradas en catástrofe.

Sí: hablamos de personas que ya han sufrido incendios, inundaciones u otra emergencia grave y que, además de perder bienes, viviendas o fuentes de trabajo, podrían encontrarse sin agua, electricidad o gas.

¿Y frente a esa situación qué hizo el Gobierno?

Intentó derribar la norma ante el Tribunal Constitucional.
El resultado fue contundente: 9 votos contra 1.
Una derrota política difícil de maquillar.
Y ahora comienzan a aparecer las distancias dentro del propio oficialismo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), cuestionó públicamente la manera en que actuó La Moneda y señaló que “no estaríamos en este problema” si el Gobierno hubiese escuchado previamente al ministro Claudio Alvarado.

Más todavía: Alessandri reconoció que ve “poca viabilidad” para conseguir los votos necesarios para una eventual ley corta con la que el Ejecutivo pretende modificar lo aprobado.

También desde la propia UDI, su jefa de bancada, Flor Weisse, llamó al Gobierno a tener mayor rigor antes de embarcarse en este tipo de acciones.

No parece casual.

Porque una cosa es defender determinadas posiciones económicas desde una oficina en Santiago y otra muy distinta es regresar al distrito y explicarle a una familia damnificada por qué su parlamentario votaría para dificultar un beneficio que permite recuperar gratuitamente el agua, la electricidad o el gas después de una catástrofe.
Ahí aparece una palabra que en política pesa muchísimo: elecciones.

Los diputados que pretendan reelegirse saben perfectamente que las votaciones quedan registradas. Y que llegado el momento no solamente tendrán que responder por sus discursos, sino también explicar de qué lado estuvieron cuando hubo que escoger entre aliviar a familias golpeadas por una emergencia o atender las preocupaciones del mundo empresarial.

Las compañías han planteado argumentos técnicos que merecen ser considerados, especialmente respecto de los plazos y la seguridad de las cuadrillas.
Eso puede discutirse y perfeccionarse legislativamente.
Pero otra cosa muy diferente es haber intentado eliminar completamente una protección social recurriendo al Tribunal Constitucional.
Y ahí es donde el problema deja de ser técnico y pasa a ser profundamente político.

Porque resulta difícil comprender que un Gobierno que debiera proteger a la población precisamente en sus momentos de mayor vulnerabilidad termine apareciendo ante la ciudadanía litigando contra una medida que beneficia directamente a familias damnificadas.

Ahora La Moneda estudia una ley corta.
Pero aparece una dificultad inesperada: sus propios parlamentarios deberán levantar la mano y asumir el costo político de esa decisión.
Y algunos ya parecen haber entendido algo elemental:
las cuentas de las empresas pueden discutirse en el Congreso; las cuentas políticas, en cambio, las cobra el electorado en las urnas.
Quizás por eso empiezan los desmarques.
Porque cuando se acerca una elección, la disciplina partidaria tiene límites.
Y pocos candidatos quieren recorrer nuevamente sus distritos cargando sobre la espalda la explicación de por qué, frente a una familia siniestrada y una gran empresa de servicios básicos, escogieron ponerse del lado equivocado.

Una precisión importante: el Gobierno sostiene que su objeción original era constitucional y que la nueva ley corta buscaría principalmente modificar plazos que considera técnicamente difíciles de cumplir, no necesariamente eliminar la gratuidad.
Las empresas, por su parte, han advertido riesgos operativos y de seguridad pero todos sabemos que en el fondo es proteger sus millonarias ganancias.