Cuando fiscalizar incomoda: el oficialismo cierra filas frente al caso Cerimedo

Cuando fiscalizar incomoda: el oficialismo cierra filas frente al caso Cerimedo
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la creación de una Comisión Especial Investigadora destinada a esclarecer el denominado caso Cerimedo, una trama que ha abierto interrogantes sobre el uso de bots, cuentas automatizadas, desinformación y eventual manipulación algorítmica en procesos electorales chilenos.
La iniciativa obtuvo 60 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones, quedando apenas a dos votos de los 62 necesarios. Los 41 votos en contra correspondieron al oficialismo, mientras la sesión estuvo marcada además por una elevada ausencia parlamentaria: solo participaron 103 de los 155 diputados.
Y ahí aparece la pregunta política inevitable: ¿por qué quienes gobiernan rechazan investigar?

La comisión no estaba llamada a condenar anticipadamente a nadie.
Su propósito era fiscalizar qué conocimiento tuvieron organismos públicos sobre el eventual uso de bots, trolls, redes coordinadas de amplificación, inteligencia artificial y manipulación de algoritmos en elecciones y plebiscitos desarrollados desde 2020.

El asunto adquirió mayor relevancia después de conocerse antecedentes sobre el asesor argentino Fernando Cerimedo y una presunta “granja de bots”. Paralelamente, la excandidata presidencial Evelyn Matthei recordó públicamente la existencia de una fotografía de Cerimedo con personas vinculadas al equipo de José Antonio Kast. El propio Presidente ha reconocido conocerlo, aunque ha negado una relación laboral con él.

Por eso, rechazar una instancia fiscalizadora no despeja las dudas: las multiplica.
Si no existió utilización irregular de redes digitales, financiamiento indebido, intervención electoral ni coordinación con funcionarios o asesores políticos, una investigación parlamentaria podría precisamente contribuir a establecerlo. Cuando se bloquea esa posibilidad, el debate deja de centrarse solamente en Cerimedo y comienza inevitablemente a preguntarse qué se quiere evitar que se investigue.
También corresponde mirar hacia la propia oposición. La comisión quedó a solo dos votos de aprobarse y uno de sus impulsores, José Montalva, reconoció públicamente que quienes promovían la iniciativa debían “hacer la pega” y presentarse a votar. La fiscalización no puede sostenerse solamente con declaraciones: requiere presencia y votos en el hemiciclo.
Pero políticamente queda una fotografía difícil de ignorar: 41 parlamentarios oficialistas votaron contra abrir una investigación sobre eventuales mecanismos de manipulación digital electoral.

En democracia, fiscalizar no debería entenderse como persecución.

Es precisamente el mecanismo mediante el cual las sospechas pueden transformarse en hechos comprobados o ser descartadas.
Y cuando el poder prefiere cerrar una puerta antes que abrir los antecedentes, la pregunta ciudadana surge sola:
¿qué habría mostrado esa investigación si la hubieran dejado comenzar?

La oposición anunció que volverá a presentar la solicitud para intentar constituir nuevamente la comisión.

Puedo seguir este caso y avisarte si finalmente se aprueba la comisión o aparecen nuevos antecedentes relevantes.