Cuando la justicia pierde autoridad moral

La última encuesta Plaza Pública Cadem no muestra simplemente una mala evaluación institucional: revela una crisis profunda de confianza en uno de los poderes fundamentales del Estado.

Un 75% evalúa negativamente al Poder Judicial, un 83% dice que no le genera confianza y un contundente 82% considera que el sistema judicial no asegura la igualdad ante la ley. Además, un 67% identifica directamente a los jueces entre los principales responsables de que la justicia no funcione como la ciudadanía espera.

Estas cifras no aparecen en el vacío.

Llegan después de años de cuestionamientos sobre transparencia, influencias externas y mecanismos de nombramiento de jueces y ministros, donde las relaciones políticas, profesionales y personales han instalado legítimas dudas sobre cuánto pesan realmente los méritos y cuánto pesan las redes de poder.

Y ahora se agrega un antecedente difícil de ignorar: la propia Corte Suprema abrió 56 procedimientos de remoción contra jueces y juezas investigados por haber viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. En total, el máximo tribunal llegó a revisar antecedentes correspondientes a 104 integrantes del escalafón judicial.

La contradicción resulta particularmente corrosiva para la confianza pública: magistrados llamados diariamente a juzgar conductas ajenas aparecen ellos mismos sometidos a procedimientos disciplinarios por comportamientos incompatibles con las obligaciones que exige su función.

Incluso una magistrada que participaba en el juicio por el gigantesco fraude de licencias médicas falsas terminó inhabilitándose luego de abrirse un procedimiento de remoción en su contra por haber viajado mientras tenía reposo médico.

Aquí está el problema político de fondo: la justicia no solamente debe ser independiente; también debe parecer independiente, actuar con transparencia y estar sometida a estándares éticos incluso superiores a los exigidos al ciudadano común.

Cuando una enorme mayoría siente que ante los tribunales no todos son iguales, deja de discutirse únicamente la conducta individual de determinados jueces. Lo que comienza a deteriorarse es la legitimidad de todo el sistema.

La venda que cubre los ojos de la Justicia simboliza que no distingue entre poderosos y débiles, amigos y adversarios, ricos y pobres.

Pero cuando la ciudadanía sospecha que detrás de esa venda existen contactos, influencias, favores, redes o privilegios, la justicia deja de ser percibida como un poder imparcial y comienza a ser observada como otro espacio capturado por quienes tienen acceso al poder.

Y eso es peligrosísimo para una democracia.
Porque cuando las personas dejan de creer que encontrarán justicia en los tribunales, no solamente pierden confianza en los jueces: pierden confianza en el Estado mismo.

La encuesta Cadem funciona entonces como una advertencia política que ningún sector debería intentar relativizar: el Poder Judicial necesita recuperar autoridad moral, transparencia y credibilidad.

Y esa recuperación no puede limitarse a discursos corporativos.

Requiere cambios profundos en nombramientos, fiscalización, responsabilidades y rendición de cuentas.

Porque ningún poder del Estado puede exigir respeto simplemente por ocupar una posición institucional.

El respeto también debe ganarse.

Y hoy, según estos números, una enorme parte de Chile está diciendo que la Justicia lo ha perdido.