Chile mira los F-35 mientras las urgencias sociales esperan

CHILE MIRA LOS F-35 MIENTRAS LAS URGENCIAS SOCIALES SIGUEN ESPERANDO
Chile podría convertirse algún día en el primer país latinoamericano en operar el F-35, uno de los aviones de combate más avanzados y costosos del mundo.
La Fuerza Aérea ha confirmado que el F-35A estadounidense se encuentra entre las alternativas estudiadas para reemplazar a los antiguos F-5 Tigre III. No existe todavía una compra oficialmente confirmada. Pero precisamente por eso este es el momento de abrir una discusión seria, amplia y democrática.
Porque aquí no se trata de estar a favor o en contra de las Fuerzas Armadas.
Se trata de algo mucho más básico:
¿Cuáles son las prioridades de Chile?
Argentina adquirió 24 F-16 usados. Perú busca renovar su aviación de combate y Estados Unidos autorizó una eventual venta de 12 F-16 Block 70 mediante un paquete que podría alcanzar los US$3.420 millones.
Y así puede comenzar un círculo peligroso: si un país compra aviones, el vecino siente que debe modernizarse; cuando el vecino se moderniza, aparece una nueva razón para volver a gastar.
Por eso no podemos aceptar que decisiones de esta magnitud se presenten como si fueran exclusivamente técnicas.
Son decisiones políticas. Son decisiones presupuestarias. Y, sobre todo, son decisiones sobre prioridades.
Cada peso que un Estado destina a una gran compra militar es un peso que debe justificarse frente a otras necesidades igualmente reales.
Salud.
Pensiones.
Empleo.
Vivienda.
Educación.
Seguridad pública.
Protección de la infancia y de las personas mayores.
Chile necesita una defensa adecuada y Fuerzas Armadas capaces de proteger su soberanía. Pero eso no significa que cualquier gasto militar deba quedar automáticamente fuera de discusión.
Al contrario.
Mientras mayor sea el costo, mayor debe ser el debate público.
¿Cuál es la amenaza concreta que justificaría una inversión de esa magnitud?
¿Cuál sería el costo total, no sólo de comprar los aviones, sino también de operarlos, mantenerlos, armarlos y sostenerlos durante décadas?
¿Qué otras necesidades del país competirían por esos mismos recursos?
¿Existe una estrategia regional que evite que Sudamérica vuelva a entrar en una lógica de compras militares sucesivas?
Estas preguntas no son antimilitares.
Son preguntas democráticas.
Porque gobernar significa priorizar.
Y priorizar significa reconocer que los recursos son limitados y que no todas las necesidades pueden ser atendidas al mismo tiempo.
Mientras miles de personas esperan atención médica, mientras muchos jubilados sobreviven con ingresos insuficientes y mientras el empleo sigue siendo una preocupación central para tantas familias, Chile tiene derecho a preguntarse si la próxima gran inversión estratégica debe estar en el aire o en la vida cotidiana de su gente.
La antigua máxima decía:
“Si quieres la paz, prepárate para la guerra”.
Tal vez en pleno siglo XXI deberíamos agregar otra:
Si quieres un país verdaderamente seguro, prepárate también para garantizar salud, trabajo, pensiones y dignidad.
No se trata de elegir entre defensa o bienestar como si fueran enemigos.
Se trata de establecer un orden de prioridades.
Y esa decisión no puede quedar solamente en manos de expertos militares, gobiernos de turno o fabricantes de armas.
Debe discutirse de cara al país.
Porque cuando hablamos de miles de millones de dólares, no estamos hablando solamente de aviones.
Estamos hablando del Chile que decidimos construir.