Todos los caminos vuelven a Junaeb: la incómoda trayectoria del senador Miguel Ángel Calisto

Fue director regional de Junaeb en Aysén, luego integró una comisión investigadora de la Cámara sobre alimentación escolar y hoy su oficina parlamentaria aparece entre los blancos de una investigación por posibles coimas, tráfico de influencias y fraude al Fisco. Ninguna de estas coincidencias prueba por sí sola un delito, pero conforman una secuencia política que el senador está obligado a explicar.
La investigación sobre Junaeb y la empresa SOSER S.A. tiene todos los ingredientes de una trama de corrupción estructural: raciones escolares que presuntamente no fueron entregadas, certificados supuestamente falsificados, registros informáticos alterados, pagos improcedentes con fondos públicos, información reservada, presiones sobre funcionarios fiscalizadores y eventuales beneficios económicos para quienes podían abrir puertas o remover obstáculos.
No se investiga un simple desorden administrativo.

La Fiscalía busca determinar si existió un mecanismo organizado para beneficiar a una empresa mediante sobornos, cohecho, fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos.
En palabras sencillas: empresarios que presuntamente pagaban, funcionarios o autoridades que eventualmente recibían y recursos destinados a alimentar estudiantes vulnerables que habrían terminado financiando prestaciones inexistentes o artificialmente encarecidas.
En el centro empresarial de esta investigación aparece SOSER S.A., Sociedad de Servicios de Alimentación. Según antecedentes de Junaeb difundidos por Canal 13, solamente en la Región de O’Higgins se habría producido un perjuicio superior a $14 mil millones por onces escolares que, total o parcialmente, nunca llegaron a los estudiantes.
Las cifras resultan difíciles de justificar. Una taza de leche acompañada de un sándwich llegó a superar los $8.000 por alumno. En 2019 se programaron más de un millón de onces, pero solo se habrían entregado unas 579 mil. En 2021 se habrían programado 814.087 raciones sin que se sirviera ninguna, pese a lo cual Junaeb pagó a SOSER más de $2.082 millones, correspondientes al componente fijo del contrato. La empresa sostiene que esos recursos estaban destinados principalmente al pago de manipuladoras y que actuó conforme a las bases de la licitación. Investigación de T13 sobre las onces escolares.
Calisto: de Junaeb a fiscalizador de Junaeb
En medio de esta trama aparece el actual senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto.
Su presencia no es secundaria desde el punto de vista político, aunque su responsabilidad penal todavía no esté establecida.
La historia institucional resulta incómoda.
La Biblioteca del Congreso confirma que Calisto fue director regional de Junaeb en Aysén entre octubre de 2016 y junio de 2017. Meses después fue elegido diputado por la misma región. Reseña oficial de la Biblioteca del Congreso.
En 2019, ya como diputado, integró la Comisión Especial Investigadora de los actos y omisiones de Junaeb y Junji relacionados con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos. Su misión era precisamente revisar contratos, licitaciones, adjudicaciones, suministro de raciones, incumplimientos empresariales y posibles daños para los estudiantes.
Calisto no presidió esa comisión, como se ha señalado equivocadamente. El registro oficial identifica como presidente al entonces diputado Juan Luis Castro. Pero Calisto sí fue uno de sus trece integrantes, junto con Sergio Gahona, el otro senador actualmente alcanzado por las diligencias de la Fiscalía. Registro oficial de la Comisión Investigadora.

La coincidencia es políticamente perturbadora: quien conoció Junaeb desde dentro y luego participó en la instancia parlamentaria encargada de fiscalizar sus contratos aparece hoy investigado en una causa sobre eventuales pagos destinados a influir precisamente en las decisiones del organismo.

Eso no demuestra que Calisto haya delinquido. Tampoco permite atribuirle responsabilidad por lo sucedido durante su breve gestión regional en Aysén, que antecede al contrato de O’Higgins cuestionado desde 2019. Pero sí elimina cualquier posibilidad de presentarlo como alguien ajeno al funcionamiento de Junaeb. Calisto conocía la institución, sus procedimientos, sus mecanismos de contratación y sus debilidades administrativas.

Los indicios que llevaron a su oficina
La llegada de la PDI a la oficina del senador no fue una inspección rutinaria ni una decisión periodística. Fue una diligencia intrusiva solicitada por la Fiscalía y autorizada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Para obtener esa autorización, el Ministerio Público presentó informes de la Unidad de Análisis Financiero, antecedentes bancarios, transcripciones de audios, conversaciones de WhatsApp, fotografías de mensajes y registros de transferencias. La resolución judicial describe indicios de un mecanismo sostenido para entregar información reservada, influir en actos administrativos, favorecer adjudicaciones y presionar por la remoción de funcionarios fiscalizadores a cambio de beneficios económicos o laborales.
Las diligencias alcanzaron las oficinas de los senadores Miguel Ángel Calisto y Sergio Gahona, además del exdiputado Hugo Gutiérrez, funcionarios y exfuncionarios de Junaeb, ejecutivos de SOSER y posibles intermediarios. Antecedentes utilizados por la Fiscalía.
Este punto exige rigor. Que existan registros de transferencias no significa todavía que SOSER haya depositado directamente dinero en la cuenta personal de Calisto.
Se deberá determinar quién transfirió, quién recibió, qué montos circularon, cuál fue su justificación y si existió alguna actuación parlamentaria a cambio.
Pero tampoco corresponde minimizar la diligencia. Un tribunal estimó que existían antecedentes suficientemente graves para autorizar la incautación de dispositivos, el acceso a correos y la revisión de movimientos bancarios. Eso no es una condena, pero tampoco es un rumor de redes sociales.
Dos causas distintas y una misma pregunta política
La posición de Calisto se vuelve especialmente compleja porque la investigación de Junaeb no es su único frente judicial.
En una causa completamente distinta, la Fiscalía de Aysén lo acusa de fraude reiterado al Fisco por el eventual uso irregular de más de $105 millones en asignaciones parlamentarias.
El Ministerio Público sostiene que se habrían pagado asesorías inexistentes y que parte del dinero habría formado una “caja pagadora” destinada a actividades políticas y gastos particulares. La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de presidio.

Calisto rechaza esas imputaciones, asegura que las asesorías se realizaron y sostiene que existen informes, mensajes y documentación que respaldan el trabajo efectuado.
Es indispensable no confundir ambos expedientes: el primero investiga presuntas coimas y gestiones en favor de SOSER dentro de Junaeb; el segundo se refiere al supuesto desvío de asignaciones parlamentarias. Sin embargo, políticamente ambos casos convergen en una pregunta inevitable: ¿cómo administró Miguel Ángel Calisto el poder, las relaciones institucionales y los recursos públicos que estuvieron bajo su influencia?

Cuando un senador investigado por posibles asesorías falsas aparece además en diligencias por una presunta red de coimas, ya no basta con responder que todo es una coincidencia o que se encuentra disponible para colaborar. La ciudadanía tiene derecho a conocer sus comunicaciones con empresarios, intermediarios y funcionarios de Junaeb; las gestiones que realizó; las personas que se las solicitaron y cualquier movimiento de dinero que pueda relacionarse con ellas.
El valor de la comida y el precio de la influencia

El soborno es el beneficio ofrecido para torcer una decisión. El cohecho es la aceptación o solicitud de ese beneficio por una autoridad o funcionario público. El fraude al Fisco aparece cuando, mediante engaño o abuso de una posición, se ocasiona un perjuicio al patrimonio estatal. Y el tráfico de influencias surge cuando alguien utiliza su poder o sus contactos para obtener una decisión favorable.
La Fiscalía deberá establecer cuáles de estas figuras existieron y quiénes participaron. No corresponde condenar anticipadamente a Calisto, Gahona, Gutiérrez, los funcionarios o los empresarios investigados. Todos conservan su presunción de inocencia.
Pero la presunción de inocencia no equivale a inmunidad política ni obliga a ignorar los indicios. Mucho menos cuando los recursos presuntamente defraudados no financiaban un lujo estatal, sino la alimentación de niños y jóvenes vulnerables.

Calisto fue autoridad de Junaeb. Después fue parlamentario fiscalizador de Junaeb. Hoy es senador y la Fiscalía revisa su teléfono, sus correos y sus movimientos bancarios dentro de una investigación sobre Junaeb.

La justicia deberá resolver si esta secuencia configura una responsabilidad penal o solamente una sucesión de coincidencias. Entretanto, la responsabilidad política ya está planteada: quien pasó de administrar el servicio a fiscalizarlo y luego terminó bajo su investigación no puede refugiarse en declaraciones generales. Debe entregar una explicación completa, verificable y documentada.
Porque cuando las raciones desaparecen, los pagos permanecen y las influencias llegan hasta el Congreso, la pregunta deja de ser únicamente cuánto costó cada once. La pregunta verdaderamente incómoda es otra: ¿cuánto pudo haber costado conseguir cada decisión?