SAMU bajo la lupa: denuncias por graves falencias en emergencias exigen respuestas a Salud Aysén

En una región como Aysén, donde las distancias y la dispersión poblacional hacen que cada minuto cuente, las denuncias por irregularidades en el SAMU no son un problema administrativo más: son una amenaza directa a la vida de las comunidades. Lo manifestado por Fenpruss contra este servicio de primera respuesta revela carencias que, de comprobarse, golpean el derecho más básico: el acceso oportuno a la salud.

Las afirmaciones son graves. Se plantea que en ocasiones no sería un médico regulador quien responde los llamados y que incluso habría personas fallecidas ante la eventual no concurrencia de una ambulancia. Esto contradice la esencia del SAMU, el servicio que se activa frente a un accidente de tránsito o una emergencia doméstica, y que no puede operar con carencias de insumos, equipamiento o funcionarios que comprometan su capacidad de respuesta.

Frente a esto, la responsabilidad recae directamente en el Servicio de Salud Aysén, que debe investigar de manera rigurosa estas situaciones. No se trata de dar por ciertas las denuncias antes de tiempo, pero tampoco de minimizar su gravedad. La verdad debe estar por delante y, si existen problemas, estos deben transparentarse y abordarse por la institucionalidad correspondiente.

Las comunidades de la patagonia demandan más y mejores prestaciones, y mayor presencia de profesionales, especialmente en los sectores rurales donde la llegada de una ambulancia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Una denuncia de estas características debería provocar una reacción inmediata de las autoridades, no un silencio que deja a la población desprotegida.

Está en juego la reputación de un servicio que cuenta con alta credibilidad entre la población. Si existen problemas, deben ser corregidos para evitar que afecten la confianza en quienes responden cuando una emergencia pone en riesgo la vida. El SAMU no puede operar rodeado de dudas sin respuesta, según se mencionó en El Divisadero.

La comunidad tiene derecho a saber si las situaciones denunciadas ocurrieron, cuáles fueron sus causas y qué medidas se adoptarán para evitar que vuelvan a suceder. Investigar, transparentar y corregir es la única manera de proteger a la ciudadanía y resguardar la confianza en un servicio fundamental. Mientras no haya claridad, la duda seguirá siendo un peso insoportable sobre la salud de Aysén.