QUIROZ, DESPUÉS DE LA MEGARREFORMA, AHORA VA POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

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Jorge Quiroz viene de conseguir que el Congreso despachara la denominada megarreforma económica y tributaria del Gobierno de Kast, que incluye, entre otras medidas, una reducción gradual del impuesto corporativo. Ahora el ministro de Hacienda abre un nuevo frente: reformar profundamente el Estatuto Administrativo que regula a los funcionarios públicos.

El domingo anunció la creación de una comisión transversal, encabezada por un economista independiente y conformada por técnicos, que durante los próximos meses deberá revisar el actual Estatuto Administrativo y elaborar propuestas para posteriormente llevarlas al Congreso.

Traducido a lenguaje común: Quiroz quiere meter mano a las reglas que determinan cómo se ingresa, cómo se evalúa, cómo se asciende y también bajo qué condiciones se puede salir de la Administración Pública.

Y el diagnóstico que comienza a instalarse desde quienes promueven esta reforma es particularmente duro:

un aparato público donde la estabilidad puede terminar convertida en inmovilidad, donde funcionarios permanecen durante décadas en determinadas posiciones mientras generaciones más jóvenes encuentran escasas posibilidades de ascender; un sistema de calificaciones que pierde credibilidad cuando una enorme proporción aparece sistemáticamente evaluada en los niveles superiores; y procedimientos disciplinarios y sumarios administrativos cuya extensión y complejidad muchas veces terminan alejándose de la función efectiva que deberían cumplir.

La pregunta, entonces, es inevitable:

¿Modernización del Estado o preparación del terreno para facilitar desvinculaciones masivas?

Porque una cosa es exigir que un funcionario cumpla correctamente sus obligaciones, que exista verdadera evaluación del desempeño, concursos transparentes, movilidad, capacitación y posibilidades reales de ascenso.
Eso parece absolutamente razonable.

Pero otra muy distinta sería transformar aquella necesaria modernización en una herramienta para debilitar la estabilidad funcionaria y permitir que cada gobierno pueda sacar funcionarios para reemplazarlos por otros políticamente más convenientes.

Ahí está la línea roja.

El propio anuncio ya provocó una fuerte reacción de la ANEF, precisamente porque la organización reclama que una reforma de esta magnitud no puede elaborarse dejando a los trabajadores públicos mirando desde afuera mientras una comisión de expertos redefine las condiciones bajo las cuales podrán conservar o perder su empleo.

Después de sacar adelante su megarreforma económica, Quiroz ahora pone la mira sobre el empleo público.

El Estatuto Administrativo necesita modernización, probablemente sí. Pero modernizar no puede significar simplemente hacer más fácil despedir.

Si el problema son las evaluaciones ficticias, corríjanlas.
Si existen funcionarios que no cumplen, que existan procedimientos eficaces y con debido proceso.
Si los jóvenes no pueden ascender porque las plantas permanecen congeladas durante décadas, modernícense las carreras funcionarias.
Si los sumarios administrativos funcionan mal o llegan tarde, reformúlese el sistema.

Pero que nadie disfrace de “eficiencia” una eventual puerta abierta para convertir nuevamente al funcionario público en alguien dependiente de la voluntad política del gobierno de turno.

El Estado necesita mejores funcionarios, mejores evaluaciones y verdadera movilidad.

No funcionarios aterrorizados pensando que cada cambio de gobierno puede significar perder su trabajo.

Porque el verdadero desafío no es elegir entre inamovilidad absoluta o despido fácil.

El desafío es construir un servicio público profesional donde permanezca quien cumple, ascienda quien lo merece y responda quien no hace su trabajo, independientemente de su apellido, antigüedad o cercanía política con el gobierno de turno.