ALTO MAÑIHUALES: ¿CUÁNTOS AÑOS MÁS DEBERÁ ESPERAR UNA COMUNIDAD PARA QUE EL ESTADO ACTÚE?

Lo ocurrido en Alto Mañihuales con Mina El Toqui ya no puede tratarse como una alarma aislada, un episodio puntual o una fotografía incómoda en redes sociales.

Hay una historia que se arrastra durante años.

Radio Santa María ha venido dejando registro de ella: cargos por incumplimientos ambientales en 2023; preocupación por la falta de monitoreo de la contaminación en 2025; denuncias y antecedentes sobre presencia de metales pesados en las aguas; el cuestionado tranque de relaves Confluencia; y ahora, en agosto de 2026, un nuevo incidente que obligó nuevamente a los organismos ambientales a concurrir a terreno.

Y esto no es solamente una denuncia política.

La propia Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos graves contra Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA, titular de Mina El Toqui, constatando antecedentes que difícilmente pueden minimizarse: modificaciones del tranque Confluencia sin la evaluación ambiental exigida, exceso del tonelaje aprobado, una altura de coronamiento superior en más de un 50% a la autorizada y una vida útil prolongada más de tres años sobre lo originalmente aprobado. La SMA también detectó incumplimientos relacionados con el monitoreo de aguas.

Ahora conocemos otro antecedente.

El Ministerio del Medio Ambiente confirmó que el 5 de agosto de 2026 se rompió una tubería que transportaba relaves hacia la planta de espesado de El Toqui. La SMA abrió una investigación para determinar cuánto material se derramó, la calidad de la descarga final y si hubo afectación del cuerpo receptor.

Por eso corresponde ser responsables: la investigación sobre este último episodio todavía está abierta y no se ha establecido oficialmente que las imágenes difundidas correspondan a una descarga directa al río Toqui.

Pero tampoco corresponde utilizar esa investigación pendiente como excusa para olvidar todo lo anterior.

Alto Mañihuales no puede convertirse en el patio trasero ambiental de una explotación minera.

Aquí viven personas. Hay familias, niños, trabajadores, animales, cursos de agua y terrenos productivos. Y cuando durante años aparecen denuncias, antecedentes de metales pesados, procedimientos sancionatorios, incumplimientos de monitoreo y problemas asociados a tranques de relaves, el principio precautorio debe imponerse antes que la comodidad burocrática.

La pregunta ya no es solamente qué está haciendo la empresa.

La pregunta es qué está haciendo el Estado.

Hacemos un llamado directo a la Delegada Presidencial Regional de Aysén, Luz María Vicuña, representante del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en la región: Alto Mañihuales necesita una respuesta política y administrativa de primer nivel, no solamente comunicados posteriores a cada emergencia.

A SERNAGEOMIN, a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la Dirección General de Aguas, a las autoridades sanitarias y ambientales: fiscalicen de manera coordinada, permanente e independiente. Publiquen los resultados. Informen qué contienen las aguas, los sedimentos y los suelos. Determinen responsabilidades y, si existe daño, obliguen a repararlo.

Y a nuestros parlamentarios por Aysén —senadores Ximena Órdenes y Miguel Ángel Calisto; diputados René Alinco, Andrea Macías y Alejandra Valdebenito— les corresponde ejercer sus facultades fiscalizadoras y políticas. Alto Mañihuales necesita que sus representantes pidan antecedentes, oficien a los organismos competentes y exijan respuestas concretas.

Aquí no basta con llegar después del derrame.

No basta con tomar muestras después de la denuncia.

No basta con abrir un expediente cuando los vecinos ya hicieron el trabajo de advertir.

No basta con decir que “se investigará”.

Después de tantos años, Alto Mañihuales tiene derecho a saber qué está respirando, qué está bebiendo y qué está circulando por sus aguas y sus tierras.

Y si existe contaminación atribuible a la actividad minera, debe haber responsables, sanciones, reparación ambiental y protección sanitaria para quienes viven allí.

Porque el desarrollo económico jamás puede significar que las ganancias queden en manos privadas ( dos hermanos chilenos con residencia en Concepción), mientras el riesgo ambiental y sanitario se queda para siempre en Aysén.