Puro humo»: Daniel Matamala cuestiona la estrategia de seguridad del Gobierno de Kast

Mucho despliegue comunicacional y dudas sobre los cambios de fondo

La estrategia de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast quedó bajo una fuerte crítica luego de la publicación de la columna «Puro humo», del periodista Daniel Matamala, aparecida el 15 de agosto en La Tercera.

El columnista centra su cuestionamiento en la distancia que, a su juicio, existe entre el discurso con que Kast enfrentó la campaña presidencial y las medidas que su administración ha comenzado a implementar durante sus primeros meses.

Matamala sostiene que el Gobierno consiguió finalmente instalar la seguridad en el centro de la agenda pública mediante una cadena nacional, la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), reformas constitucionales y un amplio despliegue comunicacional alrededor de los traslados de presos de alta peligrosidad. Su conclusión, sin embargo, es severa: éxito publicitario no necesariamente equivale a efectividad en el combate contra el crimen.

De una promesa de ruptura a la continuidad de políticas anteriores

Uno de los principales puntos planteados por Matamala es que durante la campaña Kast ofreció un cambio profundo respecto de la administración de Gabriel Boric, instalando la idea de que hacía falta fundamentalmente un Gobierno con mayor decisión política para enfrentar la delincuencia.

Cinco meses después de asumir, señala el periodista, parte de las acciones implementadas muestran más elementos de continuidad que de ruptura con las políticas que venían desarrollándose.

Uno de los ejemplos utilizados es la segregación de presos de alta peligrosidad. Kast anunció inicialmente una reforma constitucional destinada a fortalecer este tipo de medidas, pero posteriormente el propio Gobierno ejecutó traslados hacia módulos de máxima seguridad utilizando las atribuciones actualmente disponibles para Gendarmería.

La interrogante planteada por Matamala es directa: si esas facultades podían ejercerse bajo la institucionalidad vigente, ¿cuál era entonces la necesidad de presentar previamente una reforma constitucional como requisito para actuar?

La cárcel presentada como símbolo del cambio venía de gobiernos anteriores

La denominada Operación Cancerbero, que significó el traslado de cerca de 300 internos de alta peligrosidad hasta el complejo penitenciario La Laguna, en la Región del Maule, estuvo acompañada por una fuerte puesta en escena comunicacional del Gobierno.
Medios internacionales también destacaron el carácter visual del operativo y sus similitudes con la estrategia comunicacional utilizada por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.
Matamala cuestiona especialmente que el Ejecutivo haya presentado la utilización de esa infraestructura como símbolo de un antes y un después en materia penitenciaria.

Según recuerda el columnista, el proyecto fue planificado durante el Gobierno de Michelle Bachelet, construido durante la administración de Sebastián Piñera y terminado bajo el Gobierno de Gabriel Boric.

Desde esa perspectiva, no se trataría de una infraestructura creada por la actual administración, sino de la utilización de una política penitenciaria desarrollada durante varios gobiernos y ahora incorporada a la estrategia comunicacional de Kast.

De 100 mil nuevas plazas carcelarias a 20 mil
Otro de los principales cuestionamientos apunta al Plan Cancerbero.

Durante la campaña presidencial se habló de alcanzar 100 mil nuevas plazas carcelarias en cuatro años, incluyendo la construcción de una megacárcel en el desierto.

Sin embargo, Matamala señala que esa proyección habría disminuido posteriormente hasta 20 mil nuevas plazas, una reducción considerable respecto del compromiso originalmente levantado en campaña.

La diferencia resulta políticamente relevante porque la infraestructura penitenciaria fue uno de los ejes centrales utilizados por Kast para marcar distancia con los gobiernos anteriores y presentar una política sustancialmente más dura contra el crimen organizado.

Reforma constitucional abre una nueva controversia

La columna también aborda uno de los aspectos más polémicos de la ofensiva de seguridad: el borrador de reforma constitucional que proponía restringir prestaciones sociales para personas condenadas por terrorismo y crimen organizado.

El texto conocido inicialmente incluía restricciones relacionadas con salud, educación, trabajo y seguridad social durante el cumplimiento de la condena y hasta 15 años después.

La propuesta provocó cuestionamientos incluso fuera de la oposición. Matamala recuerda las advertencias del senador Matías Walker y de los exministros de Salud Enrique Paris y Karla Rubilar respecto de los efectos sanitarios que podría tener impedir o restringir determinadas prestaciones médicas.

La controversia obligó posteriormente al propio Presidente Kast a precisar que su Gobierno no pretende dejar sin atención de salud a los reclusos, afirmando que seguirán recibiendo prestaciones esenciales.

Este episodio revela además una de las dificultades que enfrenta la nueva agenda: transformar anuncios políticamente impactantes en normas jurídicamente aplicables y compatibles con las obligaciones del Estado.

Seguridad: entre la señal política y los resultados

El debate planteado por Matamala va más allá de un traslado de presos o de una reforma constitucional.

El problema de fondo es determinar cuánto de la actual ofensiva gubernamental representa un cambio estructural en la lucha contra el crimen organizado y cuánto corresponde a una estrategia destinada a instalar la percepción de que “la mano cambió”.

El Gobierno sostiene precisamente esa tesis y ha buscado diferenciar su política de seguridad de la administración anterior mediante nuevos operativos, proyectos legislativos y una presencia pública mucho más visible del Presidente y de sus ministros.

Pero la efectividad de una política de seguridad no puede evaluarse solamente a partir de cadenas nacionales, imágenes de drones, uniformes penitenciarios o traslados transmitidos por televisión.

El verdadero examen estará en los resultados: reducción sostenida de homicidios, desarticulación financiera de organizaciones criminales, disminución de secuestros y sicariatos, mayor control penitenciario, persecución del lavado de activos y recuperación efectiva de territorios dominados por bandas.

Es allí donde, más allá de la batalla comunicacional, deberá demostrarse si la nueva estrategia constituye realmente un cambio estructural o si, como sentencia Matamala, detrás de una puesta en escena políticamente potente existe finalmente «puro humo».