CORRER EL CERCO LABORAL: MENOS IMPUESTOS PARA LOS DE ARRIBA, MENOS INDEMNIZACIÓN PARA LOS QUE TRABAJAN

Primero fue la CPC. Ahora es el Gobierno de José Antonio Kast.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, ha planteado que el actual sistema de indemnización por años de servicio debería ser “progresivamente reemplazado” por una indemnización a todo evento, argumentando que el régimen vigente constituye un costo para la contratación y dificulta la movilidad laboral.

Y ahora el Gobierno avanza en la misma dirección: estudia una fórmula que permitiría acumular aproximadamente medio sueldo por cada año trabajado, mediante un fondo de indemnización a todo evento. Para quien permanezca muchos años en una misma empresa, ello podría significar recibir bastante menos que bajo el régimen actual cuando corresponde la indemnización legal.

Lo presentan bajo una palabra que conocemos demasiado bien: “modernización”.

Pero los trabajadores chilenos ya conocen esta historia.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, la legislación laboral terminó con el régimen general que permitía indemnizaciones sin el actual límite de años. Hoy la regla general establece un mes de remuneración por cada año de servicio, con un máximo de 11 años —330 días—. Solo subsiste una excepción histórica para trabajadores contratados antes del 14 de agosto de 1981, cuyo contrato seguía vigente al 1 de diciembre de 1990: ellos conservan el derecho a indemnización sin ese límite cuando concurren las condiciones legales.

Es decir, lo que alguna vez fue un derecho sin tope ya fue recortado hace décadas.

¿Y ahora quieren volver a correr el cerco?

La explicación vuelve a ser la misma: bajar el “costo laboral” para generar empleo.

Curiosamente, cuando se trata de los grandes grupos económicos, la receta también consiste en bajarles sus costos.

La megarreforma económica y tributaria impulsada por Kast contempla reducir gradualmente el Impuesto de Primera Categoría de las grandes empresas desde 27% a 23%.

Y aquí aparece un dato que debiera conocer todo Chile: un informe del propio Ministerio de Hacienda concluyó que por cada punto porcentual que se rebaja ese impuesto, el 79,1% del beneficio derivado de la menor recaudación termina favoreciendo al 1% de contribuyentes de mayores ingresos. Incluso, prácticamente la mitad beneficia al 0,01% más rico.

La oposición ha cifrado el costo global de la megarreforma en torno a US$4.500 millones anuales, mientras que el informe financiero del proyecto calculó que el costo fiscal neto de sus medidas alcanzaría un máximo aproximado de 0,71% del PIB, unos US$3.215 millones, según la estimación publicada durante su tramitación. No son exactamente la misma cifra ni miden necesariamente lo mismo, por eso corresponde distinguirlas.

Entonces la pregunta política es inevitable:

¿Por qué para crear empleo siempre hay que disminuir impuestos al gran capital y flexibilizar derechos de quienes viven de su sueldo?

¿Por qué nunca se comienza por salarios más dignos, capacitación, innovación, productividad, inversión pública y mejores condiciones laborales?

El trabajador ya financia su cesantía mediante un sistema de seguro. La indemnización por años de servicio cumple otra función: reconoce la antigüedad y entrega una protección económica frente a determinadas formas de término del contrato.

Transformar un derecho equivalente actualmente a un sueldo por año, cuando legalmente corresponde, en un mecanismo que acumule aproximadamente medio sueldo por año puede llamarse “a todo evento”, “modernización” o “movilidad laboral”.

Pero las palabras bonitas no deben impedir mirar quién gana y quién pierde con el cambio.

Chile ya corrió el cerco laboral una vez durante la dictadura, reduciendo derechos que generaciones anteriores tuvieron.

No corresponde que, más de cuatro décadas después, el supuesto camino hacia el crecimiento vuelva a consistir en correr ese cerco hacia el mismo lado: