¿MODERNIZACIÓN DEL ESTADO O UNA NUEVA ETAPA DE REDUCCIÓN DEL EMPLEO Y LOS DERECHOS LABORALES?

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El Presidente José Antonio Kast acaba de constituir en La Moneda una Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público. Doce expertos tendrán 120 días para proponer cambios al Estatuto Administrativo que regula las relaciones laborales de buena parte de los funcionarios del Estado.

La composición tiene un elemento políticamente interesante: incorpora incluso a dos exautoridades del Gobierno de Gabriel Boric, Macarena Lobos, exministra de la Segpres, y Heidi Berner, exsubsecretaria de Hacienda, junto a exautoridades de otros gobiernos, académicos y representantes de centros de estudio.

¿Modernización? Puede ser necesaria. Pero antes de celebrar el concepto conviene preguntar qué significa exactamente “modernizar”.

Porque entre los asuntos que están sobre la mesa aparecen temas particularmente sensibles: modificación de plantas, sistemas de evaluación de desempeño, estabilidad laboral, mecanismos de desvinculación, coexistencia de diferentes regímenes contractuales y progresión funcionaria.

Y esta discusión no ocurre en el vacío.

Paralelamente, el Gobierno estudia una profunda transformación de la indemnización por años de servicio en el sector privado, avanzando hacia una denominada “indemnización a todo evento”. El propio ministro del Trabajo, Tomás Rau, ha reconocido que trabajadores con muchos años de antigüedad podrían terminar recibiendo menos que bajo el sistema actualmente vigente.

La explicación vuelve a ser conocida: reducir rigideces, aumentar movilidad laboral y facilitar la contratación.

Pero Chile tiene hoy un problema muchísimo más urgente: faltan empleos.

Según el último informe oficial del INE, la desocupación nacional llegó al 9,4%, aumentando desde el 8,9% registrado un año antes.

Son 980.270 personas desocupadas.

De ellas, 889.848 son directamente cesantes.

Entre las mujeres, el desempleo ya está en 10,4%, mientras la informalidad laboral alcanza un preocupante 27%.

Es decir, Chile está peligrosamente cerca de tener un millón de personas buscando trabajo sin encontrarlo.

Por eso resulta legítimo preguntarse si el problema central del mercado laboral chileno son realmente las indemnizaciones de los trabajadores y las normas que protegen al funcionario público, o si seguimos esperando que la reducción de costos laborales produzca por sí sola los empleos que la economía no está siendo capaz de generar.

Hay, además, otro antecedente que no puede ignorarse.

Durante la campaña presidencial se habló reiteradamente de reducir el tamaño del Estado y fusionar ministerios. Esa idea no desapareció al llegar al Gobierno.

Hoy existen tres biministros: Claudio Alvarado administra Interior y Segegob; Daniel Mas, Economía y Minería; y Louis de Grange, Transportes y Obras Públicas. El propio oficialismo ha reconocido que esta organización puede constituir un primer paso hacia una futura fusión de ministerios.

Por eso, la comisión que revisará el Estatuto Administrativo debe ser observada con atención.

No corresponde anticipar que terminará proponiendo despidos masivos o eliminación de derechos, porque todavía no existe una propuesta final. Pero tampoco sería responsable analizarla como un hecho aislado.

Cuando simultáneamente se habla de reducir ministerios, consolidar fiscalmente el Estado, modificar las reglas de estabilidad de los funcionarios y reemplazar el sistema de indemnizaciones del sector privado, estamos frente a una orientación política y económica que merece un debate mucho más profundo.

Modernizar el Estado es necesario.

Eliminar burocracia inútil, mejorar las evaluaciones, profesionalizar la administración y exigir eficiencia también lo es.

Pero modernizar no puede convertirse en un eufemismo para hacer más barato despedir, reducir trabajadores o debilitar derechos adquiridos, especialmente cuando el país registra un desempleo de 9,4% y casi un millón de personas se encuentran buscando trabajo.

La pregunta que debemos hacer ahora es sencilla:

¿Esta reforma busca un Estado más eficiente o simplemente un Estado con menos trabajadores?

La respuesta estará en la letra concreta de las propuestas que esta comisión entregue dentro de los próximos 120 días.

Y ahí habrá que mirar cada palabra, cada artículo y cada modificación.

Porque detrás de la palabra “modernización” pueden existir avances necesarios.

Pero también puede esconderse una reducción de derechos laborales que Chile tiene el deber de discutir de cara a la ciudadanía y, especialmente, con quienes trabajan diariamente al servicio del Estado.