Prescripción del crimen de Mariana Sepúlveda: confesó el femicidio, pero quedó libre

A una semana de que Ghislain Quiroz Carrizo confesara ante Carabineros ser el responsable de la muerte de Mariana Loreto Sepúlveda León, el caso sigue generando más preguntas que respuestas para la familia de la joven de 19 años, desaparecida en 2008 cuando se dirigía a su colegio en Conchalí. La confesión del imputado, lejos de cerrar el ciclo de incertidumbre, abrió una nueva herida: la justicia determinó que el crimen había prescrito.

Las diligencias se han concentrado en el domicilio del imputado, donde se encontró un resto óseo que permanece bajo análisis para determinar si corresponde a Mariana Sepúlveda. Mientras tanto, Quiroz Carrizo quedó en libertad. El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago primero dictó internación provisoria, pero horas después el mismo tribunal revocó la medida cautelar al establecer la prescripción del delito.

Para las familias de la Región de Aysén que han vivido la angustia de una desaparición, este caso no es un hecho lejano. La prescripción de un crimen de estas dimensiones envía un mensaje directo a la ciudadanía: el paso del tiempo puede operar como un mecanismo de impunidad, incluso cuando existe una confesión del presunto responsable. La vida cotidiana de las mujeres y jóvenes chilenas se ve atravesada por esta realidad: la seguridad no depende solo de la presencia policial en el territorio, sino de un sistema judicial que garantice que los delitos no queden impunes por plazos administrativos.

La contradicción es evidente y está en el texto mismo: un hombre confiesa un femicidio, se encuentran restos óseos en su domicilio, y sin embargo queda en libertad. No se trata de un vacío legal abstracto, sino de una consecuencia concreta que afecta el derecho de las víctimas y sus familias a obtener verdad y justicia. En una región como Aysén, donde las distancias geográficas ya dificultan el acceso a servicios judiciales y de investigación, la prescripción de delitos graves profundiza la desigualdad territorial frente a la justicia.

Lo que sigue sin resolverse es múltiple: el análisis del resto óseo aún no confirma si pertenece a Mariana Sepúlveda; la familia continúa sin poder cerrar su duelo; y el imputado, pese a su confesión, no enfrenta una condena. El caso de Mariana Sepúlveda expone una deuda del Estado chileno con las víctimas de violencia: la necesidad de revisar los plazos de prescripción en delitos graves, para que el tiempo deje de ser un aliado de la impunidad, según se mencionó en El Dínamo.