Derrota en el Senado: Kast mutila su reforma de seguridad de 8 a 3 puntos para evitar el fracaso total

El gobierno de José Antonio Kast sufrió una dura derrota legislativa en el Senado. De acuerdo con lo informado por El Mostrador, la falta de votos obligó al oficialismo a recortar de ocho a tres puntos la reforma de seguridad del Presidente, eliminando sus propuestas más controvertidas. Para varios legisladores, esta “mutilación” de cinco de los ocho puntos, más que una reorganización técnica, es una fuerte derrota política generada por la aritmética del Congreso.

El problema de fondo fue la falta de quórum: se necesitaban 29 votos en el Senado para aprobar la idea de legislar, pero el oficialismo solo sumaba 26. Peor aún, ni siquiera sus propios aliados en Renovación Nacional, Evópoli o la UDI estaban dispuestos a darle luz verde al Mandatario, prefiriendo exponerlo a una derrota legislativa en sus primeros seis meses en el Palacio. Mientras Kast defendía públicamente que el Estado de Excepción era “irrenunciable”, en privado la realidad le pasaba la cuenta.

Entre los componentes excluidos del texto constitucional figura la creación del “quinto estado” de excepción Constitucional de Seguridad Pública, descartado por completo para optar únicamente por reforzar el Estado de Excepción de Emergencia vigente. Asimismo, se suprimió la facultad presidencial unilateral para catalogar organizaciones como terroristas o criminales, la interceptación de telecomunicaciones privadas, la restricción de derechos fundamentales, la inclusión de la seguridad pública como deber del Estado y la suspensión de derechos sociales para condenados por crimen organizado. El rechazo a un exceso de atribuciones presidenciales y a la reducción de contrapesos democráticos se impuso.

La trastienda de este giro tuvo su punto de quiebre entre el 28 de agosto y los primeros días de septiembre, cuando los ministros Claudio Alvarado, José García Ruminot y Martín Arrau le hicieron entender al Mandatario que no tenía los votos. Este cambio de opinión refleja el poder parlamentario para enmendar el traspié del Ejecutivo, demostrando que el presidencialismo no elimina la necesidad de construir pactos, especialmente cuando se modifica la Constitución.

Pese a los reparos, la oposición considera “cosmética” la medida que busca reformular la reforma de Longton y Squella. Parlamentarios del sector afirman que el proyecto original está “muerto” y que el recorte solo busca “salvar los muebles”. Aunque algunos senadores opositores apoyarían dos de los tres ejes sobrevivientes —dar respaldo constitucional a Gendarmería para fijar regímenes de segregación y cárceles de alta seguridad, y la constitucionalización del crimen organizado—, estos últimos los consideran una “declaración de principios” inútil en la práctica y sin efectos operativos.

Lo ocurrido revela las contradicciones de los primeros meses de Kast con el Congreso. El Presidente lanzó una reforma muy identificada con su programa y comenzó defendiéndola en sus propios términos, solo para chocar con la realidad de que sus propios aliados no lo seguirían ciegamente. El Senado demostró que el costo de gobernar sin construir mayorías y prometiendo atribuciones excepcionales se paga con la humillación pública de ver mutiladas sus iniciativas.