Más de 100 solicitudes de indulto estancadas: el Gobierno se toma su tiempo mientras crea nueva burocracia

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que su cartera tiene más de 100 solicitudes de indulto presidencial pendientes de estudio, las cuales están siendo sometidas a un lento proceso de ordenamiento y evaluación técnica antes de llegar al Presidente José Antonio Kast, según se mencionó en El Mostrador.

La contradicción del Ejecutivo es evidente: mientras se jacta de tener como prioridad la agenda de seguridad y el combate al crimen organizado, arrastra los pies con las peticiones de indulto. Rabat reconoció que varias de estas solicitudes están pendientes desde antes del inicio de su administración, lo que evidencia una despreocupación histórica por resolver estos casos y una falta de propuestas concretas para sacarlos del limbo.

Para los indultos, el ministro asegura que no hay plazos legales ni autoimpuestos, definiendo el examen como un proceso “intrínsecamente lento”. Sin embargo, esta lentitud contrasta con la premura para anunciar la creación de la Agencia de Bienes Decomisados, una nueva entidad burocrática diseñada para administrar y rematar con “mecanismo expedito” los bienes incautados a la delincuencia.

Al desglosar los orígenes de las peticiones, Rabat precisó que la mayoría corresponden a hechos de 1973 vinculados a violaciones a los derechos humanos, mientras que las del estallido social del 18-O son un número “muy reducido”. Esta categorización revela una doble estándar: se apura en perseguir y decomisar, pero se dilata la justicia y las resoluciones fundadas para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Aunque Rabat descartó de manera categórica impulsar leyes de indulto general o amnistía, la falta de acción concreta y la ausencia de plazos claros dejan en la más absoluta incertidumbre a más de 100 solicitantes. El secretario de Estado solo se limitó a decir que acordaron con el Mandatario revisar caso por caso, sin ofrecer plazos ni soluciones reales para el rezago.

Mientras tanto, el proyecto de la Agencia de Bienes Decomisados promete afectar la estructura financiera del crimen, destinar fondos a tecnología policial y crear un fondo de reparación para víctimas. Una medida que, si bien suena bien en el discurso oficial, no tapa el hecho de que el Ejecutivo prefiere crear nuevas instituciones antes que resolver el atraso de más de cien casos de indulto que se acumulan en el escritorio del ministro.