El circo constitucional: 270 propuestas de reforma, cuatro leyes y un Congreso que legisla sobre la nada

Un informe del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado revela el fracaso estrepitoso del proceso legislativo posconstituyente: de 270 proyectos de reforma constitucional ingresados desde diciembre de 2023, apenas cuatro se convirtieron en ley. El resto —260 en tramitación, tres archivados y tres retirados— configura un panorama de ineficiencia y oportunismo que cuestiona seriamente la labor parlamentaria y la conducción gubernamental en materia institucional.

El director del Núcleo Constitucional, Gonzalo García, no ahorra críticas: califica las iniciativas como “oportunistas, intrascendentes normativamente”, con una “tendencia a un discurso político-moral para debilitar al adversario”. No son palabras menores. Revelan una clase política más preocupada de la guerra ideológica que de las necesidades reales de la población, que en regiones como Aysén observa cómo el Congreso gasta tiempo y recursos en batallas ficticias mientras las urgencias territoriales siguen desatendidas.

La radiografía es elocuente: 68 proyectos sobre sistema político, 59 de economía y tributos, 52 de seguridad, 46 de derechos sociales y 29 de nacionalidad. Pero el detalle importa más que el número. Entre las propuestas figuran feriados constitucionales, exenciones de IVA, estabilidad de precios de combustibles, royalties portuarios y acuícolas, e incluso plebiscitos ad hoc contra la pena de muerte o para eliminar las AFP. Temas que, como señala el propio informe, “en estricto rigor no se pueden hacer” por vía constitucional. El Congreso legisla sobre la nada, mientras las leyes que sí podrían cambiar la vida de las personas duermen en los cajones.

En materia de seguridad, el Gobierno no escapa a la crítica. García advierte que “los mecanismos constitucionales son hoy relativamente irrelevantes para enfrentar la cuestión del crimen”, cuestionando la estrategia ejecutiva de depender de reformas constitucionales para una agenda que requiere políticas públicas efectivas. La confusión entre planos —lo constitucional y lo legal— “debilita al propio Gobierno hasta sus éxitos”, transformando victorias políticas en dependencias legislativas innecesarias.

El fenómeno bautizado como “posconstitucionalismo” por los investigadores revela un orden constitucional después de dos fracasos constituyentes donde “lo que queda es una perspectiva central en las reformas”. Pero esa perspectiva es estrecha: una “polarización de bajo alcance sobre asuntos menores” que “termina agotándose en sí misma” y “deteriora indirectamente la convivencia” al erosionar las reglas del juego. La Constitución, lejos de ser norma de principios y derechos fundamentales, se ha vuelto “instrumento de uso contra el adversario”.

Las recomendaciones del informe son un llamado de atención al poder: reexaminar los quórums de aprobación —que están “por debajo de las reglas generales del derecho constitucional comparado”—, establecer filtros para evitar la “constitucionalización contingente” y valorar la Constitución como norma. El propio Congreso tiene instrumentos para evaluar pesos y contrapesos, pero prefiere destinar su tiempo a “cuestiones inconducentes” que “normativamente deterioran el ambiente político”.

Mientras en Santiago se libra esta batalla de enmiendas y subenmendas, en la Región de Aysén la deuda en infraestructura, conectividad, desarrollo productivo y protección territorial sigue esperando. El circo constitucional tiene 270 propuestas, cuatro leyes y cero respuestas para las urgencias de la Patagonia.

Con información de: El Mostrador (Chile).