La puerta giratoria de Boric: el reformador de la permisología ambiental ahora asesora a minera de litio que pactó trato directo con su gobierno

El gobierno de Gabriel Boric prometió un cambio en la gestión ambiental, pero la realidad expuesta por CIPER Chile revela una preocupante puerta giratoria entre el Estado y el poder económico. Sebastián Aylwin, quien fuera jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente bajo la administración de Boric, ahora asesora a CleanTech Lithium para obtener permisos ambientales del proyecto de litio en el salar Laguna Verde, una iniciativa que él mismo impulsó y benefició desde el Estado.

La contradicción es profunda. Aylwin lideró las reformas al reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el mismo instructivo bajo el cual ahora gestionará permisos para la minera privada. Para colmo, el contrato para desarrollar Laguna Verde se firmó por trato directo durante el gobierno de Boric, convirtiéndose en uno de los proyectos estrella de la Estrategia Nacional del Litio. Mientras los exfuncionarios reformaban las reglas del juego, el Estado le entregaba directamente el negocio a la empresa que hoy los contrata.

Las inconsistencias de este modelo no terminan ahí. A pesar de las advertencias del propio Ministerio del Medio Ambiente —que en mayo de 2025 recibió un informe de la Universidad de Antofagasta que advertía que el proyecto “podía acelerar significativamente la pérdida de agua” en la zona—, el gobierno siguió adelante con el trato directo. Hoy, la Contraloría tiene paralizada la iniciativa desde mayo pasado, tras formular observaciones por la falta de justificación y sustentabilidad económica de la concesión directa.

Aunque la contratación de Aylwin no rompe la ley, el doble estándar ético es innegable. Como señaló el abogado experto en transparencia Alberto Precht, si la persona que redacta una norma luego trabaja para quien se beneficia de ella, cuenta con una ventaja que otras empresas no tienen. La Ley 18.575 solo impone inhabilidades de seis meses para exfiscalizadores, dejando un vacío que permite a exautoridades como Aylwin —histórico militante del Frente Amplio y exdirigente estudiantil junto a Boric— usar su información privilegiada y contactos para lucrar en el sector privado.

Las reformas que Aylwin lideró tampoco estuvieron exentas de cuestionamientos. Lejos de fortalecer la protección ambiental, las modificaciones al SEIA ampliaron los umbrales para que los proyectos se sometan a evaluación; por ejemplo, para almacenamiento de combustible el límite pasó de 200 mil a 850 mil litros. El resultado concreto es que menos proyectos serán evaluados ambientalmente, una “eficiencia” que beneficia directamente a las inversiones privadas en desmedro del territorio.

Ante este escenario, las propuestas de los propios partidos del oficialismo para frenar estos conflictos de interés resultan insuficientes o dormidas. En 2024, la Segpres de Álvaro Elizalde propuso ampliar la inhabilidad a un año, y este año la diputada Gael Yeomans (FA) recién propuso subirla a dos años con multas. Mientras el gobierno y el parlamento dilatan regulaciones estrictas, la puerta giratoria sigue girando, dejando la protección ambiental y la probidad en meras declaraciones de buena fe.