CUANDO LA JUSTICIA TERMINA Y COMIENZA EL PODER DEL PRESIDENTE: DE TRUMP A LOS MÁS DE 100 INDULTOS QUE ESPERAN EN CHILE

Hay historias que ocurren a miles de kilómetros de Chile, pero que deberían obligarnos a mirar cuidadosamente lo que hacemos en nuestra propia casa.
Juan Orlando Hernández no era un delincuente cualquiera. Había sido presidente de Honduras. En marzo de 2024, un jurado federal estadounidense lo declaró culpable y posteriormente fue condenado a 45 años de prisión por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos y por delitos relacionados con armas. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Hernández abusó de su poder para facilitar el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína y estuvo en el centro de una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico del mundo.
La justicia habló. Hubo investigación, fiscales, juicio, jurado y condena.
Pero después apareció otro poder.
El 1 de diciembre de 2025, Donald Trump concedió a Juan Orlando Hernández un indulto total e incondicional. La condena era de 540 meses —45 años—, pero el documento oficial del Departamento de Justicia confirma el perdón presidencial.

Y ahora aparece una investigación de 60 Minutes que obliga a mirar el sistema de indultos estadounidense con nuevas preguntas.
Periodistas de CBS utilizaron cámaras ocultas y registraron a los lobistas Jack Burkman y Jacob Wohl ofreciendo a un potencial cliente gestionar políticamente un indulto de Trump por US$300.000. Según la investigación, describieron una estrategia que contemplaba asistir a eventos, contratar personas influyentes y utilizar contactos para intentar llevar la petición hasta el entorno presidencial.
Hay que decirlo con precisión: 60 Minutes no demostró que Trump recibiera esos US$300.000 ni que Juan Orlando Hernández pagara por su indulto. Lo que sí documentó es la existencia de un lucrativo mercado de intermediarios que cobra grandes sumas para intentar conseguir influencia y acceso en torno a la facultad presidencial de perdonar. CBS lo ha denominado una verdadera “economía de los indultos”.
Y entonces la pregunta inevitable cruza el continente y llega hasta Chile.
Hoy existen más de 100 solicitudes de indulto presidencial en tramitación ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El ministro Fernando Rabat confirmó que corresponden mayoritariamente a hechos ocurridos en 1973 y que varias están relacionadas con condenados por graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura. El Gobierno ha señalado que serán estudiadas individualmente y que, hasta ahora, no existe una decisión final.
El presidente José Antonio Kast ha dicho que las peticiones serán analizadas caso a caso y ha defendido que el indulto no modifica la sentencia judicial, sino que corresponde al ejercicio de una facultad presidencial.

Y precisamente allí está el debate que Chile debería tener.
¿Qué ocurre cuando, después de años de investigación, procesos judiciales, pruebas, testimonios, condenas y recursos, la libertad efectiva de una persona puede terminar dependiendo de una decisión política?
La experiencia estadounidense muestra además otro riesgo: alrededor de una facultad presidencial extraordinaria pueden aparecer lobistas, intermediarios, personas influyentes, contactos políticos y grandes cantidades de dinero tratando de acercarse al centro donde se adopta la decisión. Eso es precisamente lo que 60 Minutes acaba de documentar en Estados Unidos.

No significa que eso esté ocurriendo en Chile. No existe evidencia presentada aquí de pagos o intermediación económica vinculada a las más de 100 solicitudes chilenas.
Pero justamente por eso la transparencia importa.
Cuando quienes solicitan el beneficio han sido condenados por homicidios, desapariciones, torturas u otros crímenes vinculados a violaciones de derechos humanos, la decisión trasciende al condenado y al presidente de turno. Involucra a las víctimas, sus familias, las obligaciones internacionales del Estado y la confianza ciudadana en que las sentencias judiciales tengan consecuencias reales. El exministro Luis Cordero ha advertido, además, sobre las obligaciones internacionales de Chile respecto de crímenes de lesa humanidad.

Estados Unidos acaba de encender una señal de alarma.
Un expresidente hondureño condenado a 45 años por una gigantesca conspiración para traficar cocaína terminó beneficiado por un indulto presidencial. Meses después, una cámara oculta muestra a intermediarios ofreciendo por US$300.000 una estrategia para intentar conseguir otro perdón presidencial.
Chile tiene ahora más de cien solicitudes esperando ser examinadas.
No son situaciones idénticas y no corresponde afirmar que exista aquí el mecanismo denunciado en Washington.
Pero queda una pregunta democrática que vale la pena hacerse antes —y no después— de que se firme cualquier decreto:
¿Qué controles, transparencia y límites debe tener el poder político cuando posee la facultad de intervenir, mediante un indulto, después de que los tribunales ya juzgaron y condenaron?
Porque una cosa es la justicia.
Otra es la clemencia.
Y otra, muy distinta y mucho más peligrosa, sería que alrededor de la clemencia pudiera construirse un mercado de influencias capaz de acercar a quien tiene dinero o conexiones hasta el poder que sostiene la última llave de la prisión.

Registro oficial del indulto a Juan Orlando Hernández — Departamento de Justicia de EE.UU.
Antecedentes de las más de 100 solicitudes de indulto en Chile