KAST Y LAS PYMES: 30 DÍAS PUEDEN SER UNA ETERNIDAD

Hay decisiones políticas que necesitan cientos de páginas para esconderse. Otras caben en una sola pregunta:

¿De qué lado está el Gobierno cuando tiene que elegir entre el pequeño empresario y el poder económico?

Esta semana tuvimos una respuesta.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast vetó el artículo 40 de la llamada Megarreforma, una disposición que buscaba hacer efectivo el pago a 30 días, restringiendo los acuerdos que permiten extender las facturas más allá de ese plazo y acortando también los tiempos de pago cuando el propio Estado actúa como comprador. El Senado terminó respaldando el veto presidencial por 20 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

Parece una discusión técnica.

No lo es.

Para una gran empresa, esperar otros treinta o sesenta días puede ser una línea más en una planilla financiera. Para una microempresa, puede significar no pagar los sueldos, postergar proveedores, recurrir al banco, ocupar la tarjeta de crédito o cerrar la cortina.

La pyme entrega el producto hoy. Presta el servicio hoy. Paga remuneraciones hoy. Paga combustible hoy. Paga IVA, arriendo y cotizaciones hoy.

Pero puede cobrar después.

Mucho después.

Y cuando quien compra es suficientemente grande, aquello que jurídicamente se llama “acuerdo” muchas veces ocurre dentro de una relación económica profundamente desigual. El propio debate del Senado reconoció esa asimetría entre pequeños y grandes empresarios y advirtió que cuando un comprador no paga oportunamente, detrás existen empresas y familias cuya continuidad laboral queda comprometida.

El Gobierno piensa distinto. Su argumento es que permitir plazos excepcionales constituye una herramienta de financiamiento y que eliminar esos acuerdos podría terminar perjudicando precisamente a las mipymes.

Es legítimo discutirlo.

Lo revelador está en el contraste.

Porque este mismo Gobierno que encuentra inconveniente ponerle un límite más severo al tiempo que una pequeña empresa debe esperar por su propio dinero, no mostró semejante timidez cuando diseñó el corazón tributario de su Megarreforma.

Allí la decisión fue contundente: rebajar gradualmente el impuesto de Primera Categoría para las empresas del régimen general desde el 27% al 23%. Además, el proyecto contempla invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US$50 millones. Son medidas que Hacienda defiende argumentando que estimularán inversión, crecimiento y empleo.

Ahí no hubo miedo a intervenir.

Ahí no apareció la prudencia de dejar las cosas como estaban.

Para el gran capital se diseñan certezas tributarias por décadas.

Para el pequeño comerciante que espera cobrar una factura, se defiende la posibilidad de seguir negociando cuánto tendrá que esperar.

Esa es la contradicción política.

Una derecha generosa cuando mira hacia arriba y rigurosa cuando mira hacia abajo.

Al poderoso se le habla de competitividad, estabilidad, inversión e invariabilidad tributaria.

Al microempresario se le explica que exigir que le paguen oportunamente podría ser malo para él mismo.

Extraña economía aquella en que quien debe esperar por su dinero termina siendo presentado como beneficiario de la espera.

No se trata de enfrentar empresarios contra empresarios. Chile necesita inversión grande, mediana y pequeña. Necesita capital, crecimiento y empleo. Pero justamente por eso necesita entender que una pyme no posee la espalda financiera de una corporación.

El capital de trabajo de un pequeño negocio no está escondido en una bóveda.

Está en esa factura.

Está en esos treinta días.

Está en el sueldo que vence el viernes.

Está en el proveedor que llama el lunes.

Está en la familia que puso sus ahorros en un taller, una panadería, un transporte, un pequeño comercio o una empresa de servicios.

Por eso resulta difícil no advertir la enorme distancia entre las prioridades.

Cuatro puntos menos de impuesto para las grandes empresas pueden presentarse como una políti