¿KAST SE ACHICA CON LOS GRANDES EMPRESARIOS Y SE AGRANDA CON LOS CIUDADANOS DE A PIE?

Un nuevo y contundente revés sufrió el Gobierno de José Antonio Kast.

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por el Gobierno para intentar echar abajo una norma aprobada por la oposición en el Congreso, que obliga a las empresas de electricidad, agua potable y gas a reponer gratuitamente los servicios básicos en las zonas declaradas en estado de catástrofe, incluso cuando existan cuentas impagas.

Es decir: mientras el Congreso había conseguido establecer una protección concreta para las familias golpeadas por una catástrofe, el Gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional para intentar impedir que esa protección entrara en vigencia.

Y esto no ocurre en un país ajeno a las emergencias.

Hace apenas semanas, el sistema frontal de julio dejó cortes de agua potable y electricidad en Coquimbo y la provincia del Huasco, situación que llevó incluso a declarar Estado de Catástrofe.

Durante esos mismos temporales, solamente en la Región de Valparaíso 170.445 clientes llegaron a encontrarse sin suministro eléctrico en el momento más crítico. La SEC posteriormente formuló cargos a Chilquinta por los prolongados tiempos de reposición.

También hemos visto situaciones provocadas directamente por terceros: en julio, en La Araucanía, el robo de más de 4.000 metros de cables de cobre volvió a dejar sin electricidad a familias que ya habían pasado días sin suministro después del temporal. Y en mayo, un intento de robo de cables en Valparaíso provocó un corte eléctrico que afectó incluso al sistema de telecomunicaciones del SAMU Litoral.

¿Qué responsabilidad tiene una familia cuando un temporal derriba postes, cuando un aluvión destruye infraestructura o cuando delincuentes roban kilómetros de cable?
Ninguna.

Por eso resulta políticamente incomprensible que, en vez de ponerse inequívocamente del lado de las familias siniestradas, el Gobierno haya utilizado al Tribunal Constitucional para intentar dejar sin efecto una norma que trasladaba el costo de la reposición a las empresas proveedoras y no al ciudadano que está viviendo una emergencia.

El argumento de La Moneda fue jurídico: sostuvo que la disposición estaba fuera de las ideas matrices del proyecto y que debía buscarse otra redacción.
Pero detrás de las discusiones jurídicas existe una consecuencia muy concreta: si el Gobierno hubiese ganado, esta protección aprobada por el Congreso habría desaparecido del proyecto.

Esta vez el Gobierno perdió y los ciudadanos ganaron.

El Tribunal Constitucional rechazó la impugnación y dejó en pie una norma nacida de una victoria de la oposición en el Congreso: en una zona de catástrofe, la prioridad debe ser que las personas recuperen sus servicios básicos, no que primero tengan que sacar la billetera para volver a tener luz, agua o gas.
Porque una familia que acaba de sufrir un incendio, un temporal, una inundación o un aluvión no necesita que el Estado le agregue una nueva carga económica a la tragedia.
Necesita agua.
Necesita electricidad.
Necesita gas.
Necesita reconstruir su vida.

Y necesita un Gobierno que, frente a una catástrofe, se ponga del lado de los ciudadanos y no haga esfuerzos jurídicos para aliviar las obligaciones de las grandes compañías.

¿Kast se achica frente a los grandes empresarios y se agranda con los ciudadanos de a pie?
Después de este episodio, es una pregunta más que legítima.
Los servicios básicos son una necesidad, no un privilegio.
Y frente a una catástrofe, primero están las personas.