Kast pide “altura de miras” para combatir el crimen, pero la ruta del dinero sigue siendo el punto ciego

El Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado una reforma constitucional enmarcada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), solicitando al Congreso una tramitación “rápida y con altura de miras”. La propuesta busca consagrar expresamente la seguridad pública como deber del Estado y crear un nuevo estado de excepción constitucional frente a graves alteraciones provocadas por organizaciones criminales y terroristas.

La pregunta, sin embargo, es inevitable: ¿hasta dónde llega esa “altura de miras” cuando el combate al crimen organizado exige seguir su dinero?
Porque el narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, el lavado de activos y las organizaciones criminales pueden disponer de mercancías ilícitas, propiedades y estructuras operativas, pero detrás de buena parte de esas actividades existe un objetivo económico. El dinero debe ingresar, circular, ocultarse, transferirse o blanquearse. Por eso la inteligencia financiera constituye una herramienta central para reconstruir la denominada ruta del dinero.
No se trata simplemente de una opinión política.

El proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, actualmente en discusión legislativa, fue diseñado precisamente para identificar operaciones financieras sospechosas relacionadas con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. La propia Comisión para el Mercado Financiero ha explicado que uno de sus objetivos es perseguir el dinero procedente de delitos vinculados al crimen organizado.

Uno de sus aspectos más controvertidos ha sido permitir, en circunstancias delimitadas, que la Unidad de Análisis Financiero pueda solicitar directamente a los bancos información actualmente protegida por secreto bancario. No sería una facultad indiscriminada para revisar las cuentas de cualquier ciudadano: la disposición aprobada por la Cámara la restringió a determinados análisis de operaciones sospechosas previamente reportadas y estableció condiciones para su utilización.

La propia UAF ha sostenido ante el Congreso que, para seguir eficazmente fondos de origen ilícito, las instituciones competentes necesitan reconstruir con mayor rapidez la trazabilidad de las operaciones financieras sospechosas.
Universidad Autónomade Chile.

Y es precisamente aquí donde aparece una contradicción política difícil de ignorar.
Mientras desde La Moneda se pide al Parlamento rapidez y “altura de miras” para aprobar nuevas atribuciones constitucionales contra el crimen organizado, desde sectores de la derecha se ha rechazado ampliar el acceso institucional a información bancaria. El entonces diputado y dirigente Johannes Kaiser llevó incluso esa discusión al terreno ideológico al afirmar públicamente: “No estoy dispuesto a que un comunista acceda a mi cuenta”.

El argumento merece una precisión fundamental: levantar o establecer excepciones al secreto bancario para investigaciones de inteligencia financiera no equivale a entregar las cuentas corrientes de los ciudadanos a un partido político. La UAF es un organismo público especializado y sus funcionarios están sometidos legalmente al deber de reserva; la divulgación indebida de antecedentes protegidos puede implicar incluso destitución y otras responsabilidades.
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Por eso el debate no debería reducirse a quién es comunista, quién es de derecha o quién gobierna circunstancialmente La Moneda.
La discusión verdaderamente seria es otra: qué controles democráticos, requisitos, trazabilidad y sanciones deben existir para que el Estado pueda seguir el dinero del crimen organizado sin vulnerar injustificadamente la privacidad de los ciudadanos.
Se pueden endurecer penas, ampliar estados de excepción, aumentar controles fronterizos y desplegar más policías. Pero si las instituciones encargadas de perseguir organizaciones criminales encuentran obstáculos precisamente cuando intentan reconstruir el recorrido de millones obtenidos ilícitamente, se estará golpeando una parte del problema mientras otra permanece protegida detrás de una muralla financiera.
Combatir al crimen organizado exige perseguir al delincuente, pero también su patrimonio. Porque una organización criminal puede reemplazar a un integrante detenido; lo que resulta mucho más difícil es sobrevivir cuando el Estado logra detectar, congelar, incautar y quitarle el dinero que financia su estructura.
Y ahí queda planteada la paradoja: pedir “altura de miras” al Congreso también obliga al Gobierno y a sus aliados a demostrarla cuando seguir la ruta del dinero toca intereses y cuentas bancarias.