KAST AVANZA CON ACUERDO… Y SI NO, BUSCA CAMBIAR LAS REGLAS

Primero fue la megarreforma económica. Ahora viene la Constitución.
José Antonio Kast llegó democráticamente a La Moneda y hoy propone una reforma constitucional que busca colocar la seguridad pública como principio rector del Estado, crear mecanismos especiales contra organizaciones criminales y habilitar una nueva herramienta para intervenir territorios bajo control de bandas, incluso con colaboración de las Fuerzas Armadas.
La ironía es evidente: durante años escuchamos hablar de la antigua “democracia protegida”. Ahora pareciera abrirse paso otra fórmula: ser elegido democráticamente para acumular cada vez más herramientas excepcionales de poder.
Y atención, porque no estamos hablando de una simple ley.
La Constitución actual ya permite un estado de sitio frente a guerra interna o grave conmoción interior, pero requiere intervención del Congreso. La nueva propuesta pretende construir además una herramienta específica para aquellos territorios que el Gobierno considere capturados por organizaciones criminales, con participación militar y reglas especiales.
La propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, ya adelantó que espera “unidad” parlamentaria para tramitarla y ha defendido expresamente la reforma constitucional.
Y aquí aparece la pregunta incómoda:
¿Dónde termina una política de seguridad firme y dónde comienza la normalización de poderes excepcionales?
Kast no posee por sí solo mayoría en ambas cámaras, pero ya demostró con su megarreforma económica que puede conseguir los votos necesarios mediante acuerdos parlamentarios.
Hoy es economía.
Mañana, seguridad.
Después, la Constitución.
Kast avanza con acuerdo. Y cuando el acuerdo no alcanza, intenta ensanchar el terreno donde puede avanzar.
Porque una democracia no deja de ser democracia solamente cuando desaparecen las elecciones.
También puede comenzar a debilitarse cuando los contrapesos pasan a ser vistos como obstáculos.
El punto más fuerte, a mi juicio, es el cierre porque mantiene la crítica política dura sin afirmar como hecho que Chile ya sea una dictadura, algo que hoy no sería jurídicamente sostenible. La comparación con la “democracia protegida” queda planteada como advertencia e ironía política, no como una afirmación histórica falsa.