Justicia a la medida: fiscalía amplía investigación por fraude a jueces viajeros mientras la Corte Suprema niega antecedentes
El Ministerio Público indaga el uso irregular de licencias médicas en magistrados que salieron del país, en un proceso marcado por la opacidad del máximo tribunal.

La Fiscalía Metropolitana Oriente extendió la investigación por fraude de licencias médicas de empleados fiscales hacia los jueces que viajaron al extranjero estando con permiso por enfermedad, según se mencionó en Ex-Ante. Un nuevo capítulo en un caso que deja al descubierto las contradicciones y los dobles estándares de un poder judicial que se rasga las vestiduras solo cuando le conviene.
El lunes 14, la jueza Pilar Ahumada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago encabezó una audiencia solicitada por tres magistrados sometidos a cuadernos de remoción por viajar al extranjero estando con licencia médica: el controversial juez Daniel Urrutia, además de las juezas María Verónica Aracibia y Lía Chepe. La defensa de los imputados forzó al Ministerio Público a realizar diligencias de investigación sobre la resolución de la Corte Suprema que abrió estos cuadernos.
Sin embargo, la ruta de la investigación se topó con un muro de opacidad. El fiscal Álvaro Pérez debió obtener desde distintos organismos los antecedentes de los magistrados, ante la negativa directa de la Corte Suprema a compartir la información. Una omisión que revela la falta de voluntad real del máximo tribunal para transparentar sus propias filas y que contrasta con su afán punitivo.
Esta ofensiva fue liderada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien ha impulsado una cruzada contra los jueces que viajaron al extranjero estando con licencia médica. Sin embargo, las cifras de su propia gestión exponen la debilidad de su propuesta: Chevesich votó por expulsar a 35 jueces, pero el pleno del máximo tribunal solo la apoyó en 11 casos. Apenas un tercio de las remociones que buscaba.
Queda en evidencia la incoherencia de un sistema que se llena la boca hablando de probidad mientras protege sus privilegios. La fiscalía sigue su curso, pero la Corte Suprema demuestra que la justicia es selectiva: investiga a los de abajo, pero pone trabas cuando se trata de mirar hacia arriba.
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