Ajuste bajo la manga: Gobierno boliviano recortará salarios públicos y congelará contrataciones para complacer al FMI
El ministro Christian Morales detalló que la reducción de la masa salarial y el fin del subsidio a los combustibles son las cartas del Ejecutivo para bajar el déficit fiscal, mientras se preparan bonos para aplacar el descontento social.

El acuerdo técnico entre el Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) trae consigo un fuerte ajuste para las y los trabajadores del sector público. El ministro de Economía, Christian Morales, confirmó que se prevé la reducción de salarios y el freno a nuevas contrataciones en el Estado, como parte de las medidas para bajar el déficit fiscal hasta el 3,8% en un plazo de tres años.
Según el Memorando de Políticas Económicas y Financieras presentado al FMI, esta estrategia busca reducir la masa salarial en más del 1% del PIB durante el periodo del programa. El objetivo es cerrar la brecha de remuneración entre el sector público y privado, revirtiendo el incremento del 4% del PIB que se registró bajo la administración anterior.
Lejos de ser anuncios a futuro, el ajuste ya se está aplicando. Morales explicó que cuando se presentó el Presupuesto General del Estado reformulado, ya se ejecutó un recorte de aproximadamente un 30% en la planilla salarial de las entidades del nivel central. Con esto, aseguran, lograron bajar el déficit fiscal heredado del 16% a un 9,3%, calificándolo como una de las reducciones más altas en las últimas cuatro décadas.
El ajuste no para ahí. El Gobierno planea que para el Presupuesto General del Estado 2027 ya no se destinen recursos del Tesoro ni de las empresas estatales para cubrir el subsidio a los carburantes. Además, se reducirá y reordenará la inversión pública, retrasando o cancelando directamente proyectos considerados de baja prioridad, para concentrar los pocos recursos restantes en iniciativas que generen beneficios económicos y sociales.
Para mitigar el impacto de esta transición hacia el nuevo modelo económico, el programa con el FMI contempla la entrega de bonos solidarios a los sectores más vulnerables. La autoridad adelantó que se implementará una nueva transferencia similar al “bono Pepe”, pero con un mayor alcance social, incorporando a actores que quedaron fuera en la evaluación anterior.
Mientras el Gobierno socializa estas medidas con los actores económicos, el descontento popular ya se asoma. El Comité pro Santa Cruz confirmó una reunión para este miércoles y no descartan movilizaciones frente a un ajuste que, una vez más, parece recaer sobre los hombros de los sectores populares y trabajadores.
Con información de: La Razón (Bolivia).
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