Títulos falsos y armas reales: la crisis que sacude al Pacto Histórico en Colombia

Por primera vez, figuras del Pacto Histórico lanzan críticas abiertas contra el expresidente Gustavo Petro. El detonante de esta fisura es la sorpresiva confesión de Juliana Guerrero ante un juez de conocimiento, donde admitió haber falsificado sus títulos universitarios para asumir como viceministra de Juventudes durante su gobierno.

La situación se complicó cuando Petro salió a defenderla públicamente, lo que encendió las alarmas al interior de la coalición. A esto se sumaron las denuncias de Angie Rodríguez, su exmano derecha en el Palacio, quien señaló que Guerrero gozaba de un manto de protección por ser amante del expresidente. Tanto Petro como Guerrero han negado de plano una relación íntima.

Esta confesión no hace más que profundizar las tensiones internas de un Pacto que intenta reorganizarse tras perder las elecciones. Las críticas llegan en medio de intensos debates sobre las decisiones de Petro dentro del movimiento, en un momento donde su oposición en el Congreso se muestra relativamente solitaria y fragmentada.

Mientras la crisis política consume a la coalición, la realidad social de Colombia muestra otra cara preocupante: un país armado hasta los dientes. Más de 600 mil colombianos cuentan con salvoconducto para portar un arma, pero la cifra se vuelve irrisoria frente a las al menos 3 millones de armas ilegales que circulan en el país.

Es en esta disparidad donde el presidente Abelardo de la Espriella tomó una polémica decisión: levantar las restricciones para que los civiles porten armas. El argumento del gobierno es crudo pero directo: el Estado no tiene la capacidad real de proporcionar justicia ni de rastrear las armas utilizadas en los delitos de alto impacto que ejecutan los grupos armados que entran por contrabando.

Sin embargo, voces como la de Andrés Nieto advierten sobre el peligro de esta medida. Tener un arma, asegura, no hace a la ciudadanía más segura. Por el contrario, los estudios internacionales demuestran que armar a los ciudadanos solo dispara las cifras de violencia doméstica y de género, dejando en evidencia que la solución a la inseguridad no pasa por entregar más fuego a la población.

Con información de: La Silla Vacía (Colombia).