Gobierno de Kast retrocede en memoria y justicia: acusan destrucción de pruebas y “impunidad pasiva” en Colonia Dignidad

Durante las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad evidenció la estrecha coordinación operativa entre la DINA y los líderes del enclave alemán en dictadura, según lo informado por Diario y Radio Universidad Chile. La instancia internacional se transformó en un duro cuestionamiento a la actual administración, que ha optado por dar marcha atrás en compromisos fundamentales de verdad y justicia.

La sobreviviente María Isabel Romero Méndez relató su detención en junio de 1975, donde permaneció secuestrada 20 horas siendo interrogada y torturada directamente por Paul Schäfer y Helmut Hopp, para luego ser entregada al agente represivo Osvaldo “Guatón” Romo. Su declaración no solo revive el horror del enclave, sino que aporta datos sustanciales sobre el paradero de prisioneros políticos trasladados a Villa Grimaldi —como Carolina Wiff, Mireya Rodríguez y Carlos Lorca—, quienes hoy siguen como detenidos desaparecidos.

Paralelamente, Paola Peebles Vlahovic denunció ante el organismo internacional que las sociedades comerciales herederas continúan explotando económicamente el lugar con instalaciones turísticas. Esta operatoria, tolerada por las autoridades, está provocando la destrucción deliberada de pruebas fundamentales para el Plan Nacional de Búsqueda. Peebles alertó sobre limpiezas no autorizadas en el antiguo cuartel represivo e inundaciones provocadas en los subterráneos, acciones que buscan obstaculizar directamente las pericias judiciales.

Frente a este escenario, la reciente determinación administrativa de revertir la toma de control del predio encendió las alarmas. La representante fue enfática al señalar que renunciar a la expropiación, como lo decidió el gobierno de José Kast, “es un grave retroceso que vulnera los compromisos internacionales de Chile en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición”. Una decisión que prioriza los intereses comerciales por sobre los derechos de las víctimas y la memoria histórica.

La crítica no se detiene en el plano patrimonial. Lelia Pérez Valdés advirtió sobre el debilitamiento general de la institucionalidad persecutoria, denunciando una “impunidad pasiva” instalada al interior del Programa de Derechos Humanos. Acusó que dicha entidad recibió instrucciones explícitas de no apelar frente a los beneficios carcelarios solicitados por perpetradores condenados, evidenciando una doble estándar donde el Estado protege a los criminales, según se mencionó en Radio Universidad de Chile.

A este diagnóstico se suma la constante campaña de desprestigio contra el INDH y la peligrosa convergencia política que busca indultar a criminales de lesa humanidad. La organización exigió a las autoridades reactivar las investigaciones sobre los excolonos que actualmente residen prófugos en Alemania, cuestionando la falta de voluntad política para hacer justicia y la complicidad tácita del gobierno con la impunidad.