CUANDO LA CORRUPCIÓN ENTRA POR LA PUERTA DE UN CUARTEL, NO BASTA CON DAR DE BAJA A DOS CARABINEROS

El caso vuelve a poner en discusión no solo la responsabilidad individual de los funcionarios, sino también la eficacia de los controles internos, las profundas diferencias de trato y remuneraciones dentro de la institución y las condiciones laborales que enfrenta el personal de menor rango.
La noticia conocida hoy desde Curanilahue es grave. Dos funcionarios fueron dados de baja y formalizados luego de que, según los antecedentes expuestos por Fiscalía, durante una fiscalización habrían encontrado droga, omitido el procedimiento correspondiente y posteriormente destruido la sustancia. Todo habría quedado registrado en sus cámaras corporales.

Que se investigue, que se sancione y que quienes traicionen su función respondan ante la justicia. En eso no puede haber relativizaciones.

Pero una democracia seria tampoco puede conformarse con identificar a dos responsables y cerrar el caso. Tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo dentro de Carabineros de Chile, cómo están funcionando sus controles internos y cuáles son las condiciones laborales de quienes están todos los días en la calle.

Porque la corrupción policial jamás puede justificarse por un sueldo bajo, pero las condiciones laborales, la precariedad, el agotamiento y las desigualdades internas sí son factores institucionales que una política seria de prevención de la corrupción debe observar.

Hoy las cifras disponibles muestran una diferencia que merece discusión: un carabinero se sitúa en torno a los $829 mil líquidos, un cabo segundo alrededor de $1,03 millones, mientras un teniente llega aproximadamente a $1,8 millones líquidos. Y no estamos comparando responsabilidades abstractas: hablamos muchas veces del funcionario que patrulla de madrugada, concurre a procedimientos violentos, trabaja fines de semana, enfrenta dobles turnos, recibe insultos, agresiones y expone diariamente su integridad física.

En el mercado privado, un guardia de seguridad recibe en promedio alrededor de $594 mil mensuales, y existen faenas y sistemas de turnos donde las remuneraciones se acercan o incluso superan los $700 mil. La diferencia respecto del ingreso inicial de quien porta uniforme, armamento, facultades policiales y una enorme responsabilidad pública no parece proporcional a la exigencia de la función.

A esto se suma otro problema que pocas veces se discute públicamente: Carabineros mantiene dos carreras profundamente diferenciadas. Los oficiales pertenecen al Personal de Nombramiento Supremo y carabineros, cabos y suboficiales al Personal de Nombramiento Institucional. No solamente existen diferencias salariales; también existen procedimientos distintos para nombramientos, ascensos, calificaciones y retiros.

Por eso el debate no puede limitarse a “apoyamos” o “no apoyamos” a Carabineros.
Apoyar verdaderamente a Carabineros significa también preguntarse por el carabinero que lleva años haciendo calle, por el cabo que trabaja turnos extenuantes, por las denuncias de malos tratos jerárquicos, por la sobrecarga laboral, por la salud mental del personal y por una estructura institucional donde las consecuencias administrativas no siempre se viven de la misma manera en todos los escalafones.

Y sobre todo significa fortalecer Asuntos Internos, las cámaras corporales, la trazabilidad de los procedimientos, la fiscalización patrimonial y los mecanismos independientes de denuncia, para que ningún funcionario pueda creer que un procedimiento policial puede negociarse, ocultarse o destruirse.

La noticia de Curanilahue, además, obliga a mirar más allá de este episodio. Cuando aparecen investigaciones sucesivas relacionadas con funcionarios policiales, debemos preguntarnos si estamos frente únicamente a conductas individuales o ante señales que requieren una revisión institucional más profunda.

Donde manda el dinero y desaparece la fiscalización, la corrupción encuentra terreno fértil.

Por eso necesitamos dos cosas al mismo tiempo: mano firme contra la corrupción dentro de Carabineros y condiciones laborales dignas para quienes cumplen correctamente su deber.
No se fortalece una policía escondiendo sus problemas.

Se fortalece enfrentándolos.

Carabineros de Chile necesita recuperar y proteger algo mucho más importante que cualquier uniforme: la confianza de la ciudadanía y la confianza de sus propios funcionarios.