CUANDO EL SERVICIO PÚBLICO SE CONVIERTE EN SERVICIO PERSONAL

La Fiscalía acusa a Rubén Rojo Maturana, exdirector del Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería (Cicitem) de Antofagasta, de haber realizado entre 2022 y 2025 más de 300 transferencias desde cuentas institucionales hacia cuentas personales, por una suma cercana a los $729 millones. Además, la investigación señala un eventual uso de tarjetas institucionales para gastos particulares, incluso en casinos. El tribunal decretó su prisión preventiva mientras continúa una investigación que tendrá un plazo inicial de 90 días.
Y aquí aparece una pregunta que trasciende este caso particular:
¿Cuántas veces hemos visto autoridades, directivos o funcionarios que olvidan que los recursos públicos no tienen dueño particular, sino que pertenecen a todos los chilenos?
Cada peso que eventualmente se desvía de su objetivo original es dinero que deja de estar disponible para investigación, salud, educación, seguridad, infraestructura o necesidades sociales.
El servicio público no puede transformarse en una oportunidad de enriquecimiento, privilegio o aprovechamiento personal.
Porque detrás de cada caso de esta naturaleza no solamente hay una posible responsabilidad penal. También existe un daño mucho más profundo: la destrucción de la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Quienes administran recursos fiscales deberían entender algo muy simple:
el Estado no es una caja pagadora personal, no es un botín y tampoco una oportunidad para hacer negocios privados.
Los cargos públicos son para servir, no para servirse.
Y cuando alguien cruza esa línea, la investigación debe llegar hasta el final, determinar responsabilidades y, si corresponde, recuperar hasta el último peso del patrimonio público.
Porque el descaro con recursos fiscales siempre termina siendo pagado por los mismos: los ciudadanos.
Nota: se trata de una investigación penal en curso. Las imputaciones corresponden al Ministerio Público y no constituyen una condena mientras no exista una sentencia judicial firme.