“Cuando el juez termina sentado en el banquillo: 56 magistrados rindiendo cuentas ante sus propios pares”

Hay momentos en que las instituciones quedan enfrentadas a una pregunta mucho más profunda que la responsabilidad individual de sus integrantes:
¿la ley se aplica con la misma severidad cuando quienes están bajo sospecha pertenecen al propio poder encargado de administrarla?

Eso es precisamente lo que comienza a discutirse en el Poder Judicial chileno.
La Corte Suprema deberá examinar, uno por uno, 56 procesos de eventual remoción relacionados con magistrados cuestionados por viajes al extranjero durante períodos cubiertos por licencias médicas. Los antecedentes surgieron a partir de información de Contraloría y forman parte de una revisión que originalmente alcanzó a más de un centenar de integrantes del Poder Judicial.

No se trata todavía de afirmar que los 56 jueces hayan cometido fraude ni que todos los casos sean iguales. Cada magistrado tiene derecho a defensa, debido proceso y a que sus circunstancias particulares sean examinadas. Precisamente por eso existen los cuadernos de remoción.
Pero políticamente el problema es mucho más grande.

Durante años, trabajadores públicos y privados han escuchado discursos sobre probidad, responsabilidad funcionaria y correcto uso de las licencias médicas. En numerosos casos las consecuencias administrativas han sido severas.

Por eso la ciudadanía observará con especial atención qué ocurre ahora que quienes deben rendir cuentas llevan toga.

Incluso organizaciones de trabajadores judiciales habían advertido anteriormente sobre posibles diferencias entre las sanciones aplicadas a funcionarios y aquellas recibidas por integrantes del escalafón judicial, solicitando criterios uniformes.

Y el escenario se vuelve todavía más complejo: al menos siete magistrados recurrieron al Tribunal Constitucional cuestionando las normas utilizadas en estos procedimientos, mientras la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados también ha planteado reparos relacionados con independencia judicial, inamovilidad y debido proceso.
Todo aquello es jurídicamente legítimo y deberá resolverse donde corresponda.
Pero existe una pregunta que ninguna estrategia judicial podrá borrar del debate público:
¿será igual la vara cuando la justicia debe juzgarse a sí misma?
Porque la confianza institucional no se construye solamente con sentencias.
Se construye demostrando que el cargo, el apellido, la investidura o la posición de poder no entregan inmunidad frente a las reglas que rigen para el resto de los ciudadanos.
Los próximos días serán, entonces, algo más que la revisión de 56 expedientes.
Serán una verdadera prueba para el Poder Judicial chileno.
Esta vez los jueces no tendrán frente a ellos a un acusado.
Esta vez, frente al tribunal, estará también la credibilidad de la propia Justicia.
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