CALISTO CAMBIA SU DEFENSA PENAL EN MEDIO DE UN ESCENARIO JUDICIAL CADA VEZ MÁS COMPLEJO

El senador Miguel Ángel CALISTO acaba de realizar un movimiento que difícilmente puede pasar inadvertido: cambió al equipo de abogados que venía conduciendo su defensa y puso su estrategia penal en manos del abogado Nelson Salas Stevens, penalista con experiencia en causas de alta complejidad y litigios donde están en juego allanamientos, incautaciones y garantías fundamentales.
El cambio ocurre precisamente cuando dos investigaciones distintas comienzan a converger sobre una misma figura política: el senador Miguel Ángel Calisto.
Es importante hacer una distinción jurídica: se trata de causas diferentes, llevadas por fiscalías diferentes y respecto de hechos también diferentes. No corresponde mezclarlas como si fueran un único proceso.
Pero políticamente tampoco corresponde ignorar que ambas terminan situando al mismo parlamentario frente al sistema penal.
La primera causa está en Aysén y es por presunto fraude al Fisco.
Es una investigación que lleva años y que está encabezada por el fiscal regional Hernán Libedinsky. Según la tesis del Ministerio Público, se habría producido una utilización irregular de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias mediante contrataciones de asesorías, con un perjuicio fiscal superior a los $100 millones.
Esta causa ya alcanzó una etapa particularmente avanzada: la Fiscalía llegó a cerrar la investigación, presentar acusación y solicitar una pena superior a los 12 años de presidio, además de promover un nuevo desafuero.
La defensa consiguió posteriormente la reapertura del procedimiento para realizar nuevas diligencias y recurrió incluso al Tribunal Constitucional, logrando suspender temporalmente la causa.
Pero esa estrategia acaba de sufrir un revés importante.
El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento presentado por Calisto y, con ello, desapareció la suspensión que mantenía detenido el procedimiento.
¿Qué significa esto en términos simples?
Que la causa vuelve a caminar.
El fiscal Hernán Libedinsky podrá continuar las diligencias pendientes y, una vez concluidas, podría nuevamente cerrar la investigación, presentar acusación y activar un procedimiento destinado a obtener el desafuero del senador para llevarlo eventualmente a juicio.
Y precisamente cuando aquello ocurre, surge un segundo frente.
EL CASO JUNAEB.
Esta investigación es completamente distinta y se encuentra en una etapa mucho más inicial.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente investiga eventuales irregularidades relacionadas con licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb y posibles delitos de fraude al Fisco, cohecho y tráfico de influencias.
En ese contexto la PDI realizó allanamientos e incautaciones en distintos puntos del país y llegó hasta las oficinas parlamentarias de los senadores Miguel Ángel Calisto y Sergio Gahona.
En el caso de Calisto se realizaron diligencias destinadas a obtener teléfonos, información electrónica y antecedentes financieros.
El senador ha señalado públicamente que no tiene participación alguna en estos hechos, que entregó voluntariamente su teléfono y antecedentes bancarios y que está interesado en que todo se esclarezca.
Y jurídicamente corresponde recordarlo: ser investigado no significa ser culpable. La responsabilidad penal solamente puede establecerla un tribunal después de un debido proceso.
Pero en política los hechos también deben leerse en su contexto.
Y el contexto hoy es evidente:
Calisto ya no enfrenta solamente una causa penal avanzada en Aysén.
Ahora aparece también vinculado a una segunda investigación de alta complejidad, dirigida desde Santiago, respecto de hechos completamente diferentes.
Es justamente en este escenario cuando se produce el cambio completo de estrategia jurídica y la llegada de un nuevo equipo de penalistas.
¿Es casualidad?
Puede ser.
¿Puede obedecer a que la situación judicial se ha vuelto sustancialmente más compleja?
También es una interpretación perfectamente razonable.
Porque una cosa era enfrentar exclusivamente la investigación de Aysén.
Otra muy distinta es enfrentar simultáneamente una causa que podría volver a caminar hacia una acusación y un desafuero, mientras una segunda Fiscalía comienza a revisar teléfonos, comunicaciones, documentos y antecedentes financieros en otra investigación penal.
Por eso el cambio de abogados no constituye una prueba de culpabilidad ni puede presentarse de esa manera.
Pero sí constituye una señal política y procesal que merece atención.
Cuando un parlamentario reemplaza a abogados de primer nivel y entrega su defensa a un nuevo equipo especializado en litigación penal precisamente cuando aumenta el número y complejidad de los frentes judiciales, es legítimo preguntarse si estamos frente al inicio de una nueva estrategia defensiva.
Dos causas.
Dos fiscalías.
Dos investigaciones independientes.
Pero un mismo nombre en el centro de ambas:
Miguel Ángel Calisto.
Ahora será la Justicia —y no la política ni las redes sociales— la que deberá determinar si existen responsabilidades penales.
Y en una democracia debe respetarse plenamente la presunción de inocencia.
Pero exactamente por la misma razón también debe permitirse que las investigaciones avancen, las evidencias sean examinadas y los tribunales resuelvan sin privilegios ni obstáculos indebidos derivados del poder político.
Porque el fuero parlamentario protege la función democrática.
No puede transformarse en impunidad.