CALISTO BAJO DOS INVESTIGACIONES: CUANDO LAS CUENTAS BANCARIAS PUEDEN TERMINAR UNIENDO LOS PUNTOS

Lo que está ocurriendo con el senador Miguel Ángel Calisto ya no puede analizarse como un episodio judicial aislado.

Hoy existen dos investigaciones penales distintas que tienen algo en común: el nombre del senador por Aysén.

La primera se tramita en el sur de Chile y nació de una denuncia anónima presentada en 2021.

La Fiscalía de Aysén, encabezada por Hernán Libedinsky, sostiene que entre 2018 y 2022 habría existido un mecanismo destinado a obtener irregularmente recursos fiscales mediante asesorías parlamentarias que, según la acusación del Ministerio Público, nunca se realizaron.

En esa causa están involucrados, entre otros, Carla Graf y Roland Cárcamo.

La Fiscalía llegó incluso a presentar acusación y solicitar 12 años de cárcel para Calisto, atribuyendo a la estructura investigada un perjuicio fiscal superior a $100 millones.
Pero la historia judicial ha estado llena de obstáculos.

Calisto fue desaforado cuando era diputado. La Corte de Apelaciones de Coyhaique autorizó la formación de causa y la Corte Suprema confirmó posteriormente esa decisión.
Sin embargo, pocos días después fue elegido senador.

Entonces ocurrió algo que el propio juez de Garantía de Coyhaique Mario Devaud calificó como “inédito en los anales de la República”: consideró que la elección como senador le había generado un nuevo fuero parlamentario y suspendió la causa.

La decisión duró poco.

La Corte de Apelaciones de Coyhaique revocó por unanimidad esa resolución y ordenó continuar el procedimiento.

Después vino otro capítulo.

Cuando la Fiscalía cerró la investigación y presentó acusación, la justicia ordenó reabrirla durante 60 días para efectuar nuevas diligencias solicitadas por las defensas.

Posteriormente Calisto acudió al Tribunal Constitucional y consiguió suspender temporalmente el procedimiento.

Pero este 20 de agosto el TC declaró inadmisible su requerimiento.

Otro obstáculo desapareció.

Y mientras todo eso ocurría en la causa de Aysén, estalló en Santiago un caso muchísimo mayor.

EL ESCÁNDALO JUNAEB-SOSER.

La actual administración de JUNAEB denunció que en la Región de O’Higgins se habrían pagado más de $14 MIL MILLONES asociados a aproximadamente 3,3 MILLONES DE ONCES ESCOLARES QUE NO HABRÍAN SIDO ENTREGADAS.
Sí.
Miles de millones de pesos destinados a alimentación escolar.
Recursos públicos cuyo propósito era alimentar a niños y jóvenes.

La investigación además analiza valores extraordinariamente altos: raciones de once que llegaron a superar los $8.600 mientras otras empresas ofrecían servicios por cifras considerablemente inferiores.

Pero esto ya no es solamente una investigación sobre comidas inexistentes o sobreprecios.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago describe una hipótesis muchísimo más grave: un eventual mecanismo sostenido destinado a conseguir información reservada, alterar decisiones administrativas, favorecer licitaciones, remover fiscalizadores y obtener beneficios mediante posibles coimas.
Y ahí aparecen nuevamente nombres políticos.
Miguel Ángel Calisto.

Sergio Gahona, senador UDI.

Hugo Gutiérrez, exdiputado del Partido Comunista.
Este jueves la PDI llegó hasta el Congreso Nacional.
Más de 80 funcionarios policiales participaron en operativos simultáneos.

Fueron allanadas las oficinas de los senadores Calisto y Gahona.

Se incautaron computadores, teléfonos y documentación.

Pero existe una diligencia mucho más importante y que podría transformar completamente el escenario judicial de Miguel Ángel Calisto:
LA JUSTICIA AUTORIZÓ LEVANTAR SU SECRETO BANCARIO.

Y no solamente respecto de los últimos meses.
La Fiscalía podrá revisar sus movimientos financieros DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018 HASTA HOY.

Los bancos deberán informar transferencias, cuentas de origen, cuentas de destino, fechas, horas, montos, depósitos, inversiones y participantes de las operaciones.

¿Y desde qué año investiga la Fiscalía de Aysén las supuestas asesorías parlamentarias ficticias?
Desde 2018.

Esa coincidencia puede resultar decisiva.
Porque en la primera causa Carla Graf y Roland Cárcamo han declarado que habrían existido movimientos de dinero provenientes de recursos parlamentarios y que parte de esos fondos habría llegado al entorno o a cuentas vinculadas con Calisto.

La defensa del senador niega esas acusaciones y será la justicia la que deberá resolver quién dice la verdad.

Pero ahora aparece algo que antes no existía:
una autorización judicial para reconstruir prácticamente ocho años de movimientos bancarios de Miguel Ángel Calisto.

Las causas JUNAEB y fraude al Fisco de Aysén son jurídicamente independientes.

La Fiscalía de Santiago no puede simplemente convertir una autorización judicial otorgada por el Caso JUNAEB en una investigación universal sobre la vida financiera del senador.

Pero existe una realidad procesal evidente:
si revisando legalmente esas cuentas aparecen antecedentes de otro delito, el Ministerio Público no tiene que cerrar los ojos.
Puede investigarlos.

Puede remitirlos al fiscal competente.

Puede solicitar nuevas autorizaciones judiciales.
Puede abrir una nueva arista.

Eso ya ocurrió una vez en el propio Caso Calisto.
Cuando Roland Cárcamo declaró que se habrían pagado aproximadamente $14 millones al entonces fiscal regional Carlos Palma para intentar cerrar investigaciones, el Ministerio Público abrió otra causa penal.
Ese supuesto soborno todavía debe probarse y Calisto lo niega rotundamente.

Pero demuestra cómo funciona una investigación penal:
una causa puede producir evidencia que abra otra.
Por eso el levantamiento del secreto bancario ordenado ahora en Santiago puede terminar teniendo repercusiones mucho más allá del Caso JUNAEB.

Y existe todavía otro elemento.
La autorización judicial no se limita a las cuentas.

La Fiscalía podrá revisar teléfonos, computadores, mensajes, correos electrónicos, nubes digitales, registros de llamadas e incluso antecedentes de geolocalización contenidos en los dispositivos incautados.

Estamos hablando de reconstruir comunicaciones y movimientos durante años.
Por eso este caso recién comienza.

Aquí no corresponde declarar culpable anticipadamente a nadie.

Eso lo determinarán los tribunales.
Pero tampoco corresponde minimizar lo que está investigando la justicia.
Porque detrás de las cifras existen recursos públicos.
En un caso, asignaciones parlamentarias.
En el otro, más de $14 mil millones relacionados con alimentación destinada a estudiantes.
Dinero que tenía una finalidad social absolutamente clara: alimentar a niños y jóvenes que dependen del Programa de Alimentación Escolar.
Por eso la pregunta política ya no puede ser solamente:
“¿Es culpable o inocente Miguel Ángel Calisto?”

La pregunta institucional es mucho mayor:
¿hasta dónde llega la red de relaciones políticas, empresariales y administrativas que está comenzando a reconstruir la Fiscalía?
Y especialmente:
¿qué mostrarán las cuentas bancarias desde 2018?

Porque los discursos políticos pueden cambiar.
Las declaraciones pueden contradecirse.
Los testigos pueden modificar sus versiones.
Pero una transferencia bancaria tiene fecha.
Tiene monto.
Tiene origen.
Y tiene destino.
Ahora la justicia podrá seguir ese rastro.
Y cuando se trata de recursos destinados a los sectores más vulnerables del país, Chile tiene derecho a conocer hasta el último peso.

Que se investigue todo.
Caiga quien caiga.
La idea más potente para una segunda publicación, cuando aparezcan los primeros resultados bancarios, sería construir una línea de tiempo 2018–2026 colocando en paralelo “Caso Calisto-Aysén” y “Caso JUNAEB-SOSER”; ahí se visualizaría inmediatamente por qué el levantamiento bancario desde 2018 puede ser tan relevante.

Puedo ir siguiendo las nuevas resoluciones del Caso JUNAEB y avisarte si aparece información bancaria o alguna nueva actuación de desafuero contra Calisto