Más de 100 indultos estancados: el doble estándar del gobierno de Kast entre derechos humanos y crimen organizado

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que su cartera tiene más de 100 solicitudes de indulto presidencial en el escritorio, varias de ellas pendientes desde antes del actual gobierno. Esta acumulación de casos no es solo un problema administrativo, sino una muestra de la falta de voluntad política para resolver temas de fondo, dejando a los solicitantes en un limbo indefinido mientras las autoridades dilatan las resoluciones.

Al desglosar los orígenes de estas peticiones, se evidencia un claro doble estándar: la mayoría de los indultos corresponden a hechos de 1973 vinculados a violaciones a los derechos humanos, mientras que los casos del estallido social (18-O) son “muy reducidos”. Esta diferencia numérica revela una deuda histórica que el Ejecutivo no tiene apuro en saldar, priorizando el discurso por sobre los hechos.

Para justificar esta inacción, Rabat alega que cada caso será revisado “de manera individual y caso a caso”, descartando una amnistía general. Sin embargo, este argumento se desmorona al no existir ningún plazo legal ni autoimpuesto para resolver. El propio ministro definió el proceso como “intrínsecamente lento”, lo que en la práctica se traduce en una estrategia para postergar indefinidamente las resoluciones, evitando asumir costos políticos pero profundizando la deuda en derechos humanos.

La contradicción es inaceptable. Mientras el gobierno se toma su tiempo para analizar rigurosamente —y sin urgencia— los indultos de 1973, muestra una rapidez inusitada para impulsar la creación de la Agencia de Bienes Decomisados contra el crimen organizado. El Ejecutivo tiene la capacidad de afectar la estructura financiera de las bandas y destinar fondos a tecnología policial y reparación de víctimas, pero no encuentra el momento para resolver las demandas de justicia del pasado.

Hasta ahora, el Presidente José Antonio Kast ni siquiera ha revisado las carpetas, limitándose a “conversar” sobre el procedimiento. Esta falta de acción concreta, sumada a la negativa de impulsar leyes de indulto general y a la ausencia de plazos, demuestra que la prioridad real del gobierno no es la justicia integral, sino la aplicación selectiva de esta según el calendario político y la conveniencia del discurso de seguridad.

Con información de: El Mostrador (Chile).