Los chats que vuelven a abrir la puerta de la trama político-judicial en Chile

Las nuevas conversaciones entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick revelan gestiones sobre causas sensibles para el entorno del expresidente Sebastián Piñera, mientras el Congreso mantiene trabas para seguir con mayor rapidez la ruta del dinero en delitos económicos. La incorporación de más de 12 mil páginas de conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y el exministro del Interior Andrés Chadwick a la investigación contra el exfiscal Manuel Guerra vuelve a iluminar una zona oscura del poder chileno: la relación informal entre autoridades políticas, fiscales, abogados influyentes y grandes intereses económicos.

Los mensajes, respaldados desde el teléfono de Hermosilla, muestran que ambos utilizaban WhatsApp y Telegram para conversar sobre investigaciones vinculadas con figuras del piñerismo.

De acuerdo con los antecedentes publicados, parte de las comunicaciones más delicadas alojadas en Telegram todavía no habría sido periciada por el Ministerio Público.

Uno de los intercambios más reveladores se produjo cuando Hermosilla consultó a Chadwick si podía intervenir en una causa relacionada con Santiago Valdés, exadministrador electoral de Sebastián Piñera. La respuesta atribuida al exministro fue tan breve como inquietante: “Bueno, ¿cuánto?” La frase, considerada dentro del contexto completo de los mensajes, instala legítimas preguntas sobre el sentido de aquella gestión, el eventual costo mencionado y la naturaleza de las intervenciones que se solicitaban desde los círculos más cercanos al poder.

Una red situada entre La Moneda, la Fiscalía y los grandes estudios jurídicos Los chats no constituyen por sí solos una condena judicial. Sin embargo, describen un sistema de comunicaciones y gestiones privadas mediante el cual se seguían causas especialmente sensibles para el entorno político y empresarial del segundo gobierno de Sebastián Piñera. El exfiscal Manuel Guerra ya había quedado bajo investigación después de conocerse conversaciones en las que habría entregado o comentado información relacionada con causas como Penta, SQM y otras investigaciones económicas.

Durante ese período, Hermosilla se desempeñaba como un asesor jurídico de enorme influencia y mantenía una estrecha relación profesional con Chadwick.
Los antecedentes conocidos hasta ahora permiten plantear una cuestión institucional más amplia: ¿hasta dónde llegaba la capacidad de determinados operadores para obtener información, influir en decisiones o anticiparse a las actuaciones de la justicia? La respuesta deberá establecerla la Fiscalía y, eventualmente, los tribunales.

Pero el problema político ya está instalado. Cuando ministros, fiscales, abogados y empresarios aparecen comunicándose informalmente respecto de investigaciones en curso, la ciudadanía tiene derecho a exigir que se determine si se trataba de simples consultas profesionales o de un posible circuito de tráfico de influencias. El poder político protege sus conversaciones y también la ruta del dinero Este nuevo capítulo aparece mientras Chile continúa discutiendo las dificultades para acceder oportunamente a información bancaria en investigaciones sobre crimen organizado, corrupción y lavado de activos.

La Cámara de Diputadas y Diputados había aprobado una norma que permitía a la Unidad de Análisis Financiero solicitar directamente antecedentes bancarios en tres situaciones delimitadas: cuando el reporte proviniera de un banco, involucrara a un funcionario público o estuviera relacionado con una persona jurídica.

Sin embargo, la disposición fue rechazada en el Senado y enviada a comisión mixta. El actual Gobierno también ha defendido que el levantamiento continúe sujeto a una autorización judicial, argumentando que el acceso administrativo podría generar abusos o actuaciones discrecionales.

La discusión no puede reducirse a una falsa elección entre privacidad e investigación penal. El verdadero desafío consiste en establecer controles estrictos, trazabilidad y sanciones, pero también procedimientos suficientemente rápidos para impedir que los dineros sospechosos desaparezcan antes de que el Estado pueda seguirlos. Casos recientes han demostrado que las organizaciones dedicadas al lavado pueden mover enormes cantidades de dinero mientras las instituciones todavía tramitan autorizaciones.

La investigación conocida como Operación Tokio detectó una red vinculada al Tren de Aragua que habría blanqueado alrededor de US$85 millones, incluso con la presunta colaboración de funcionarios bancarios.
¿Un Congreso legislador o una bolsa de intereses privados?
No existen antecedentes judiciales suficientes para afirmar que en el Congreso opere literalmente una “bolsa de comercio” destinada al lavado de dinero pero está la sospecha instalada de un buen tiempo a esta parte…

Presentarlo como un hecho probado sería irresponsable. Pero la metáfora refleja una sospecha política que crece cada vez que aparecen parlamentarios defendiendo intereses empresariales, autoridades relacionadas con operaciones financieras, sociedades cruzadas, financiamiento irregular de campañas o redes de abogados capaces de moverse simultáneamente entre el poder político, los negocios y el sistema judicial.

El Congreso debe transparentar los conflictos de interés, las participaciones societarias, los vínculos económicos y las gestiones realizadas en representación de terceros.

También debe explicar por qué una parte de la política parece más rápida para proteger el secreto de las cuentas que para garantizar que la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero puedan seguir eficazmente el dinero de la corrupción. La pregunta de fondo no es solamente quién escribió determinado mensaje o quién pidió intervenir en una causa.

Es qué estructura de poder permitía que esas solicitudes parecieran habituales y posibles.

El delito de cuello y corbata también amenaza la democracia Durante años, el debate sobre seguridad se ha concentrado en los delitos cometidos en las calles. Sin embargo, las operaciones realizadas desde oficinas, estudios jurídicos, directorios empresariales o despachos públicos pueden provocar daños económicos e institucionales mucho mayores.

El tráfico de influencias, el cohecho, la corrupción y el lavado de activos no siempre utilizan violencia visible.

Se desarrollan mediante contactos privilegiados, información reservada, favores, nombramientos y movimientos financieros difíciles de rastrear.

Los nuevos chats deben ser periciados íntegramente y sometidos a una investigación independiente, sin privilegios derivados de cargos anteriores, apellidos, amistades ni pertenencias políticas.
Cada una de las personas mencionadas conserva su presunción de inocencia, pero esa garantía no puede transformarse en impunidad ni en una excusa para impedir que se investigue.

Los ciudadanos, necesita conocer no solo el contenido completo de las conversaciones, sino también qué gestiones se realizaron después de cada mensaje, quiénes se beneficiaron y qué movimientos económicos acompañaron esas decisiones.
Porque cuando los poderosos parecen tener acceso directo a fiscales, ministros y autoridades, mientras la ciudadanía debe esperar años para obtener justicia, el problema deja de ser un simple intercambio privado: se convierte en una crisis de igualdad ante la ley.