La formalización penal: un mito de culpabilidad que afecta a nuestros vecinos

A veinticinco años de la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal en Chile, la idea de que la formalización de una persona en una investigación penal equivale a una prueba de culpabilidad sigue siendo común, incluso en nuestras comunidades. Este malentendido no solo socava los derechos fundamentales de quienes son formalizados, sino que también genera miedo y desconfianza en la población, especialmente en zonas alejadas como la Región de Aysén, donde el acceso a la justicia es más limitado. La formalización no es una sentencia, sino una notificación del Ministerio Público para informar al imputado sobre los hechos investigados, permitiéndole ejercer su derecho a defensa. Este proceso, aunque técnico, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de quienes viven en la región, afectando su estabilidad laboral, familiar y social. La imposición de medidas cautelares, como la prisión preventiva, tampoco constituye una condena, sino una medida para garantizar la comparecencia del imputado y los fines del proceso penal. Para decretarla, basta con una presunción fundada del delito, no la convicción plena exigida para una sentencia. Esta diferencia, explica Viento Patagón, es clave para evitar prejuzgos y respetar el debido proceso. La confusión entre presunción y convicción no solo es un error jurídico, sino un problema social que afecta a familias enteras, especialmente en comunidades rurales donde la desinformación y la falta de recursos legal pueden agravar la situación. Mientras no se resuelva el caso con todas las garantías, la persona formalizada o encarcelada preventivamente no puede ser considerada culpable. La justicia, sin embargo, aún enfrenta desafíos para garantizar que este principio se respete en la práctica, especialmente en regiones donde la infraestructura judicial es más débil. La falta de claridad sobre los derechos de los imputados y la exposición mediática de casos sin contexto legal pueden generar una cultura de miedo que impacta la convivencia social en toda la región., según se mencionó en El Divisadero.