FRAUDE AL FISCO, DESAFUERO Y PRIVILEGIOS: LA JUSTICIA NO PUEDE TENER APELLIDOS

La causa por fraude al Fisco que se sigue en Coyhaique ya no está en una etapa incierta ni preliminar.

La investigación fue cerrada, el Ministerio Público ya formuló acusación y la causa sigue su curso, mientras se resuelve un punto clave: el desafuero del actual senador Miguel Ángel Calisto Águila.

En esta causa figuran como imputados: Miguel Ángel Calisto Águila, Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Felipe Klein Vidal, Sandra Beatriz Loaiza Henríquez, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido.

No se trata de rumores ni cahuines, sino de una causa penal en tramitación, con acusación ya presentada y una solicitud de desafuero en marcha.

La audiencia de preparación de juicio oral quedó suspendida mientras se resuelve el desafuero del senador Calisto, lo que requiere una decisión de la Corte.

En la causa, los imputados Roland Andrés Cárcamo Catalán, Carla Nicole Graf Toledo, Fabiola Ignacia Castillo Bustamante, Natalia Alejandra Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido son defendidos por la Defensoría Penal Pública, mientras que Miguel Ángel Calisto Águila tiene defensa privada.

La solicitud de desafuero fue derivada a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, luego de que los ministros de la Corte de Apelaciones de Coyhaique se inhabilitaran para conocer este nuevo requerimiento, por lo que el asunto pasó a Puerto Montt por regla de subrogación.

La ley no establece un plazo fatal expreso en los artículos 416 a 418 del Código Procesal Penal para que la Corte resuelva, pero existe la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema dentro de 5 días desde la notificación de la resolución.

Lo verdaderamente grave es la imagen política y ética que deja esta causa, pues cuando un senador enfrenta una acusación por fraude al Fisco, la ciudadanía espera transparencia, responsabilidad e igualdad ante la ley.

No puede haber una justicia para el ciudadano de a pie y otra para quienes tienen cargo, poder, redes o influencia, ni normalizarse que las instituciones persigan a los débiles y sean más lentas con los poderosos.

Chile ya está cansado de la política que se victimiza cuando la justicia toca su puerta, y de los discursos sobre probidad que se desmoronan ante boletas, fondos, convenios o acusaciones por uso indebido de recursos públicos.

Si el desafuero se concede y queda firme, deberá comunicarse al Congreso y el senador quedará suspendido respecto de esta causa, como debe funcionar un Estado de Derecho.

La justicia no puede ser selectiva: mismo proceso, mismas reglas y misma transparencia para todos.