El Gobierno de ultraderecha pretende eliminar los contrapesos administrativos y políticos

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Una democracia no consiste en que quien gana una elección pueda hacer todo lo que quiera. También necesita organismos autónomos que controlen al poder, revisen la legalidad de sus decisiones y protejan los derechos de quienes no forman parte de la mayoría gobernante.

Sin embargo, el Gobierno de José Antonio Kast y las voces más radicales de su sector parecen tener una particular concepción de la institucionalidad: los organismos sirven solamente mientras no contradigan al Ejecutivo.

Cuando la Contraloría General de la República fiscaliza al Gobierno, exige el cumplimiento de las normas de probidad o cuestiona la legalidad de una actuación administrativa, inmediatamente aparecen voces que buscan desacreditarla, reducir sus atribuciones o presentar su trabajo como una interferencia política. Pero la Contraloría no es enemiga del Gobierno: es el órgano constitucional encargado de controlar la legalidad de los actos de la Administración. Durante marzo, incluso reforzó las instrucciones sobre conflictos de interés, abstención y declaraciones patrimoniales dirigidas al nuevo gabinete.

Cuando el Tribunal Constitucional declara que una propuesta gubernamental vulnera la Constitución, tampoco se acepta el fallo como parte normal del sistema democrático.

Tras el revés sufrido por artículos del proyecto denominado Escuelas Protegidas, volvieron los cuestionamientos contra el Tribunal y las acusaciones de que actuaría como una “tercera cámara”. Su propia presidenta debió recordar algo elemental: el TC no es un actor político, sino un tribunal encargado de resguardar la supremacía constitucional, incluso cuando una mayoría circunstancial pueda equivocarse.

Ahora ocurre algo parecido con el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Desde sectores de la ultraderecha se insiste en que debería cerrarse porque supuestamente “no sirve para nada”, mientras otras propuestas buscan reformarlo, debilitar su autonomía o limitar sus capacidades. El INDH puede ser criticado y perfeccionado, como cualquier institución pública, pero eliminarlo significaría suprimir uno de los pocos organismos autónomos encargados de observar las actuaciones del Estado y advertir posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Y no es casual que estas críticas aumenten cuando el Instituto cuestiona proyectos del Gobierno.

En julio, por ejemplo, el INDH presentó observaciones al proyecto que crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, advirtiendo problemas relacionados con la legalidad, la proporcionalidad, la no discriminación y la eventual pérdida de beneficios sociales.

El patrón comienza a ser evidente:
Cuando la Contraloría controla, se cuestionan sus facultades.
Cuando el Tribunal Constitucional declara una norma contraria a la Carta Fundamental, se acusa al Tribunal de intervenir políticamente.

Cuando el INDH advierte sobre posibles vulneraciones, se propone reformarlo, quitarle recursos o directamente eliminarlo.

Cuando una institución independiente contradice al Gobierno, la respuesta no parece ser corregir la decisión cuestionada, sino atacar al organismo que cumplió con su deber.
Los contrapesos institucionales no fueron creados para aplaudir a los gobernantes. Existen precisamente para incomodarlos, fiscalizarlos y recordarles que el poder tiene límites.

Un Gobierno verdaderamente democrático y liberal respeta la división de poderes, la autonomía de los organismos fiscalizadores y los derechos de las minorías. Quien solamente acepta las instituciones cuando le dan la razón no está defendiendo la democracia: está buscando gobernar sin controles.

Por eso, de ultraderecha pueden tenerlo todo; pero de liberales, al parecer, no tienen nada.
Porque ser liberal no es solamente pedir libertad económica para los grandes capitales. También significa respetar la libertad política, la institucionalidad, los derechos fundamentales y el derecho de los organismos autónomos a decirle