Corte da la vuelta a Calisto: desafuero confirmado y juicio penal en marcha

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en un fallo que refleja la gravedad de los hechos, confirmó el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto Águila, permitiendo que el caso penal avance tras meses de investigación que ya supera los 100 millones de pesos en perjuicio al Estado. Esta decisión, que da vuelta a la estrategia legal del parlamentario, pone a ella y al gobierno de turno en una posición crítica, ya que ahora enfrentarán un juicio oral que podría revelar más sobre la gestión de recursos públicos en la Región de Aysén. La acusación, que incluye fraude al Fisco y a subvenciones en carácter de reiterado, fue presentada por el fiscal regional Hernán Libedinsky Moscovich, quien destacó que los antecedentes recabados en la carpeta investigativa permiten superar el control de plausibilidad de la imputación. Sin embargo, esta confirmación de desafuero no responde a una gestión transparente ni a una fiscalización efectiva, sino a una reacción tardía que cuestiona la eficacia de las instituciones locales. El rechazo del recurso de amparo por parte de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que mantuvo la decisión del Juzgado de Garantía de no ampliar el plazo de investigación, sumó otro revés al senador, quien ahora se enfrenta a un proceso penal formal. Este escenario judicial no solo es un golpe para el parlamentario, sino también para el gobierno de turno, que debe explicar cómo se permitió que una acusación de esta magnitud llegara a tal punto sin una respuesta inmediata. La falta de propuestas concretas por parte de las autoridades regionales, sumada a la carga económica de más de 100 millones de pesos, revela un patrón de doble estándar en la aplicación de la justicia y en la gestión de recursos públicos. Mientras tanto, el caso de Calisto se convierte en un espejo que refleja las deficiencias estructurales en la supervisión gubernamental, algo que los ciudadanos de la Región de Aysén no pueden ignorar. Según informó Viento Patagón, esta noticia subraya la necesidad de una reforma profunda en la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones locales., según se mencionó en El Divisadero.