CASO CALISTO: DESAFUERO SIGUE PENDIENTE EN PUERTO MONTT Y LA DEFENSA LLEVA UNA NUEVA DISPUTA A LA CORTE SUPREMA

El escenario judicial del senador por Aysén Miguel Ángel Calisto sumó nuevos movimientos, aunque hasta la mañana de este lunes 28 de septiembre todavía no se conoce públicamente una resolución definitiva de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt respecto de su nuevo desafuero.

El 14 de septiembre, la Corte de Puerto Montt escuchó los alegatos del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado y de la defensa del parlamentario.

Terminada esa audiencia, el desafuero quedó “en acuerdo”, es decir, pendiente de que los ministros adopten y publiquen su resolución.

La solicitud se produce después de que la Fiscalía Regional de Aysén cerrara nuevamente la investigación el 4 de septiembre y presentara acusación contra ocho imputados.

Entre ellos se encuentra Calisto, a quien el Ministerio Público acusa por fraude al Fisco.

La Fiscalía sostiene que el perjuicio investigado supera los $100 millones y, respecto del senador, ha solicitado una pena de 12 años de presidio.

Esa petición corresponde a la acusación del Ministerio Público y no constituye una sentencia de culpabilidad.

Pero mientras Puerto Montt estudia el desafuero, se abrió paralelamente otra controversia judicial.

La defensa de Calisto había pedido que la investigación se extendiera por otros 120 días y reclamó acceso a determinados soportes digitales entregados por otro imputado, argumentando que necesitaba conocer la totalidad de esos antecedentes para ejercer adecuadamente la defensa.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó esa solicitud el 4 de septiembre.

La defensa recurrió entonces de amparo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Sin embargo, el 16 de septiembre, la Primera Sala rechazó el recurso por unanimidad.

La Corte sostuvo que las controversias planteadas —acceso a antecedentes y tiempo para examinarlos— se relacionaban con el ejercicio del derecho a defensa, pero que no constituían, en las circunstancias analizadas, una amenaza directa, cierta e ilegal contra la libertad personal o seguridad individual del senador.

El tribunal agregó un elemento relevante: determinados soportes digitales reclamados por la defensa no fueron incluidos por el Ministerio Público entre las pruebas ofrecidas en su acusación y, por lo tanto, según lo señalado por la Corte, no podrían utilizarse en contra de Calisto en ese juicio.

Pero el asunto no terminó ahí.

El 23 de septiembre, el abogado Nelson Salas, en representación de Calisto, presentó una apelación ante la Corte Suprema contra el rechazo del amparo.

La defensa solicita que el máximo tribunal revierta lo resuelto en Coyhaique, ordene entregar copia de la totalidad de los antecedentes reclamados y permita ampliar la investigación durante otros 120 días.

Así, actualmente existen dos decisiones relevantes pendientes:
Por una parte, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt debe resolver la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía.

Por otra parte, la Corte Suprema deberá pronunciarse sobre la apelación relacionada con el rechazo del amparo y la petición de la defensa de acceder a los antecedentes y obtener más plazo investigativo.

Hasta este lunes 28 de septiembre, no aparece publicada una nueva sentencia que resuelva el desafuero en Puerto Montt.

El caso, por lo tanto, continúa abierto en distintos frentes judiciales.
Y una precisión indispensable: Calisto se encuentra acusado por el Ministerio Público, pero estas actuaciones procesales no equivalen a una condena; la responsabilidad penal deberá determinarse judicialmente en las etapas correspondientes.

Los antecedentes sobre el cierre y nueva acusación del 4 de septiembre están confirmados por el Ministerio Público.

El rechazo unánime del amparo y sus fundamentos constan también en información oficial de Fiscalía y en la cobertura del fallo.

La apelación ante la Suprema fue presentada el 23 de septiembre y solicita expresamente los antecedentes y 120 días adicionales.
En la imagen el Senador CALISTO pide al Ministro Arrau, reforzar las fronteras cuando él mismo tiene una medida cautelar del tribunal judicial, cuya orden que le prohíbe salir del país