Aysén: investigación, fiscalización ambiental y control migratorio se conjugan en la seguridad diaria de la provincia

La seguridad pública en la Provincia de Aysén no depende de una sola institución, sino del trabajo articulado de tres unidades del Complejo Policial Aysén de la Policía de Investigaciones de Chile, que desde hace meses llevan a cabo investigaciones, fiscalizaciones y controles con el fin de proteger a la comunidad. Según se mencionó en El Divisadero, esta estructura policial reúne a la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM), a la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) y a la Sección de Migraciones y Policía Internacional, cada una con un rol específico pero orientado a un mismo objetivo: que la seguridad sea integral y no solo visible.

La BICRIM Aysén se dedica a investigar delitos que afectan a las personas y a su patrimonio. Sus detectives realizan diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y reunir antecedentes que sirvan a las investigaciones que dirige el Ministerio Público. Tras cada procedimiento, se ejecuta un trabajo de análisis de información, entrevistas y empadronamientos que permite esclarecer los casos y aportar pruebas al proceso judicial.

Por su parte, la BIDEMA Aysén investiga hechos que pueden afectar la fauna, el medio ambiente y el patrimonio cultural de la región. Esta especialidad combina investigación criminal con conocimientos técnicos y coordinación con organismos especializados, lo que resulta fundamental en una provincia donde los recursos naturales y el patrimonio son parte central de la identidad y la vida de sus habitantes. La protección de estos bienes no es solo una tarea ambiental, sino una cuestión que afecta directamente el territorio donde la comunidad vive y desarrolla su actividad económica y cultural.

La tercera pata de este trabajo la cumple la Sección de Migraciones y Policía Internacional Aysén, encargada de verificar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente. Entre julio y septiembre se efectuaron cinco fiscalizaciones de extranjeros en Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, donde se fiscalizó a más de 121 personas. De ese total, 12 fueron detectadas vulnerando disposiciones de la Ley Nº21.325 de Migración y Extranjería, por lo que fueron denunciadas ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Los resultados concretos de estas unidades durante el período mencionado reflejan el esfuerzo institucional: se concretó la detención de ocho personas y el arresto de otras nueve, como resultado de diligencias investigativas y requerimientos de los tribunales de justicia. Estas cifras, sin embargo, deben leerse en el contexto de una provincia geográficamente extensa y desafiante, donde la presencia policial y la cobertura territorial enfrentan limitaciones que hacen que cada procedimiento cobre un valor estratégico para la seguridad ciudadana.

La crítica que se puede construir a partir de estos datos es clara: la seguridad en Aysén depende de un trabajo que la comunidad no siempre puede ver. La investigación criminal, la protección del medio ambiente y la fiscalización de extranjeros son ámbitos distintos que convergen en una misma idea, pero también revelan una realidad: la provincia necesita más presencia, más recursos y mayor coordinación institucional para cubrir un territorio donde las distancias y las condiciones geográficas complican el acceso. El trabajo silencioso de los detectives y fiscales es necesario, pero no basta si no se acompaña de una política de Estado que fortalezca las capacidades operativas de estas unidades.

Porque la seguridad no se construye solamente con aquello que la comunidad alcanza a ver, sino también con el trabajo profesional y permanente de quienes, cada día, investigan, fiscalizan y sirven a Aysén. Lo que queda pendiente es que ese esfuerzo invisible reciba el respaldo institucional, los recursos y el reconocimiento que merece, para que la confianza de quienes habitan este territorio no dependa solo del compromiso individual de los policías, sino de un sistema que garantice la seguridad como un derecho concreto y no como una promesa.