Cuando quienes conocen la ley, terminan al otro lado del mesón?

La detención del abogado penalista y exfiscal Vinko Fodich, en el marco de una investigación de la Fiscalía Supraterritorial por presunto lavado de activos y otros delitos, vuelve a instalar una pregunta incómoda sobre nuestro sistema de justicia. Según CIPER, Fodich ya era investigado por sus presuntos vínculos con una estructura dedicada al lavado de activos y por operaciones asociadas a una casa de cambios de la que es socio. La investigación no constituye una condena y deberá ser la justicia la que determine responsabilidades.
Pero el asunto trasciende a una persona.
¿Qué ocurre cuando quienes durante años estuvieron del lado de la persecución penal, conocieron investigaciones complejas, técnicas investigativas, criterios de las fiscalías e incluso causas de alta relevancia, abandonan el Ministerio Público y pasan a defender intereses privados vinculados precisamente con materias que antes perseguían?

El ejercicio privado de la profesión es legítimo y toda persona tiene derecho a defensa. Sin embargo, existe una cuestión ética y política que merece discutirse: ¿cuánto vale el conocimiento privilegiado adquirido desde el Estado cuando posteriormente se pone al servicio de intereses particulares?

Y la pregunta se vuelve todavía más incómoda cuando aparecen otros casos.

El exfiscal regional de Aysén Carlos Palma, por ejemplo, ha sido formalizado por revelación de secreto y actualmente enfrenta además una investigación relacionada con presuntos pagos vinculados al senador Miguel Ángel Calisto.
Esa investigación fue trasladada a La Araucanía precisamente para resguardar la objetividad e imparcialidad del proceso.
Nuevamente: se trata de investigaciones en curso y las responsabilidades deberán establecerse judicialmente.

No corresponde concluir que todos los fiscales que abandonan el Ministerio Público cruzan alguna frontera ética.
Pero cuando comienzan a repetirse situaciones en que antiguos persecutores aparecen vinculados a investigaciones penales, resulta razonable preguntarse si nuestro sistema dispone de suficientes inhabilidades, períodos de enfriamiento, controles patrimoniales y reglas sobre conflictos de interés.
Porque quienes han tenido acceso privilegiado al funcionamiento de la persecución penal poseen un capital que no es solamente profesional: conocen procedimientos, debilidades institucionales, redes y estrategias investigativas.

Entonces surge inevitablemente la pregunta: ¿qué pesa más al abandonar el servicio público: la responsabilidad que otorgaba el cargo o el dinero y las oportunidades que ofrece ese conocimiento en el mercado privado?

La justicia tendrá que determinar culpabilidades. La política, en cambio, debería preguntarse desde ahora cómo impedir que la puerta giratoria entre fiscalías, poder, grandes intereses económicos y defensa privada termine erosionando la confianza pública.

Y quizás tengamos que actualizar aquel viejo dicho:
antes era “el ladrón detrás del juez”.

El problema comienza cuando ya no sabemos de qué lado del mesón está cada uno.