
Reportaje de Fast Check revela influencia de la industria salmonera en la política de Aysén; apunta a senador Calisto
Un nuevo reportaje del medio Fast Check, publicado este 4 de julio de 2026, expone la captura del poder político en la Región de Aysén por parte de la industria pesquera y salmonera, mencionando al senador Miguel Ángel Calisto y al exdiputado Iván Fuentes.
Un nuevo reportaje del medio Fast Check, publicado este 4 de julio de 2026, vuelve a poner sobre la mesa una práctica que en Aysén se conoce hace años: la influencia permanente de grandes empresas del sector pesquero y salmonero sobre representantes políticos que deberían fiscalizar, no recibir favores ni financiamiento de ellas.
El reportaje apunta al senador Miguel Ángel Calisto, luego de que un exasesor asegurara que la salmonera AquaChile habría financiado al parlamentario mediante supuestas asesorías fantasma. Este antecedente se suma a la acusación de Fiscalía por presunto fraude al fisco en el marco de asesorías parlamentarias cuestionadas.
Capítulo aparte merece la vergonzosa tramitación de la ley de pesca, más conocida como la “Ley Longueira” (Subsecretario de Pesca, Piñera), por su copia y pega de correos electrónicos enviados desde la industria salmonera a su correo electrónico.
Pero esto no es un hecho aislado. Años atrás, el exdiputado y exlíder del movimiento social de Aysén, Iván Fuentes Castillo, también quedó bajo cuestionamiento público tras revelarse aportes de empresas pesqueras vinculadas a FIPES/Friosur. Fuentes reconoció haber recibido esos recursos, justificando con una frase que quedó marcada en la memoria regional: “hay que sacarle plata a los empresarios”.
El problema es que un dirigente social o parlamentario no está para “sacarle plata” a los empresarios. Está para defender a la ciudadanía, fiscalizar el poder económico y proteger los intereses de la región. Cuando quienes deben controlar terminan dependiendo de quienes deben ser controlados, la democracia se debilita y Aysén pierde.
La pregunta de fondo es incómoda, pero necesaria: ¿Cuántas decisiones políticas, leyes, silencios o defensas públicas han estado condicionadas por el dinero de la industria pesquera y salmonera? Aysén merece representantes libres de conflictos de interés, no autoridades capturadas por los mismos grupos económicos que explotan nuestros recursos naturales. La región no puede seguir siendo caja pagadora ni zona de influencia empresarial. Aysén necesita transparencia, fiscalización real y dignidad política.
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