Contraloría detecta 315 funcionarios condenados que siguen trabajando en el Estado
El organismo cruzó datos y encontró que 315 personas con condenas por crimen o simple delito siguen ejerciendo cargos públicos, incumpliendo la ley.

La Contraloría General de la República reveló este martes que 315 funcionarios y servidores públicos continúan trabajando en la administración del Estado a pesar de tener condenas por crimen o simple delito, según lo informado en su Consolidado de Información Circularizada (CIC) n.º 29, de acuerdo con lo publicado por CNN Chile. La ley prohíbe expresamente que una persona en esa situación siga ejerciendo un cargo público, según el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575.
El análisis cruzó las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), del Servicio Electoral (Servel) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper). El cruce identificó a “315 personas asociadas a 317 registros de condena: dos de los funcionarios tienen más de una. Del total, 149 se desempeñan en gobiernos locales y 166 en el gobierno central”.
En cuanto a la gravedad, “73 de las condenas corresponden a crímenes y 244 a simples delitos”, según demostró el informe. La institución con más funcionarios condenados es “Carabineros de Chile, con 84 casos. Le sigue el Ejército, con 22; la Armada, con 8; la Municipalidad de Valdivia, con 6, y la fuerza Aperea, con 5”.
La Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar investigaciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena a la jefatura del servicio. Los organismos también deberán informar si esas condenas fueron evaluadas y ponderadas oportunamente en los procesos de calificaciones, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.
El caso expone una contradicción flagrante: mientras las autoridades exigen probidad y transparencia, 315 funcionarios con condenas siguen en sus puestos, y la Contraloría debe ordenar investigaciones para determinar por qué no se informó de esas condenas a las jefaturas. La omisión es grave y afecta la confianza en las instituciones.
La situación es particularmente preocupante en instituciones como Carabineros de Chile, con 84 casos, y el Ejército, con 22, que deberían ser ejemplo de disciplina y respeto a la ley. Además, la Municipalidad de Valdivia aparece con 6 funcionarios condenados, lo que evidencia que el problema también alcanza a los gobiernos locales.
Urge que las autoridades pertinentes, incluyendo a los parlamentarios de la Región de Aysén, se pronuncien y fiscalicen este tipo de situaciones, que revelan una falta de control y posibles encubrimientos. No basta con ordenar investigaciones; se requiere voluntad política para sancionar y prevenir que personas con condenas ocupen cargos públicos, tal como lo establece la ley.
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