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Política

Contraloría detecta 315 funcionarios con condenas vigentes trabajando en el Estado

El informe revela 317 registros de condenas en la administración pública, con Carabineros a la cabeza y municipios como Puerto Montt entre los casos, mientras las autoridades no explican cómo siguieron en sus cargos.

Víctor Reyes2 min de lectura

La Contraloría General de la República detectó que 315 funcionarios y servidores públicos que trabajan en la administración del Estado registran condenas por crimen o simple delito, una situación que contraviene la prohibición legal para ejercer cargos públicos establecida en el artículo 54, letra c), de la Ley N°18.575, según informó La Tercera. El hallazgo, contenido en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, surge de un cruce de datos entre el Registro Nacional de Condenas del Registro Civil, el Servel y el sistema SIAPER.

El informe detalla que los 315 funcionarios están asociados a 317 registros de condenas: 149 se desempeñan en el gobierno local y 166 en el gobierno central. Es decir, la irregularidad atraviesa tanto a municipios como a reparticiones del Ejecutivo, sin que hasta ahora se conozcan explicaciones oficiales sobre cómo estos trabajadores permanecieron en sus puestos pese a la inhabilidad legal.

Entre las instituciones con más casos aparece Carabineros de Chile, con 84 funcionarios condenados, seguido por el Ejército (22), la Armada (ocho) y la Fuerza Aérea (cinco). En el ámbito municipal figuran Valdivia con seis funcionarios; Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt con cuatro cada una; y Tocopilla con tres. La presencia de Puerto Montt en la lista evidencia que el problema también alcanza a la zona sur del país.

En cuanto a la gravedad, Contraloría identificó 73 personas condenadas por crímenes y 244 registros por simples delitos, y detectó que dos funcionarios acumulaban más de una condena. Frente a esto, el organismo fiscalizador ordenó a las entidades involucradas iniciar investigaciones y determinar eventuales responsabilidades administrativas, en particular por la posible omisión de informar las condenas a los respectivos jefes de servicio y de activar el procedimiento para aplicar la inhabilidad sobreviniente.

La inhabilidad sobreviniente corresponde a una circunstancia que surge después del ingreso de una persona a la Administración del Estado y que le impide continuar ejerciendo un cargo público. La Contraloría también instruyó a los organismos informar si las condenas fueron oportunamente evaluadas y consideradas en los procesos de calificaciones funcionarias, conforme a los criterios de comportamiento social y probidad.

El caso deja en evidencia una falla sostenida en los mecanismos de control interno: durante años, las entidades públicas no habrían advertido ni comunicado las condenas de sus funcionarios, lo que permitió que 315 personas siguieran ejerciendo cargos públicos pese a la prohibición legal. La pregunta que queda abierta es quién responde por esas omisiones y por qué los procesos de calificación no detectaron lo que la Contraloría sí pudo identificar mediante un cruce de bases de datos.

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Víctor Reyes
Redacción · 18 de noviembre de 2026 · 07:31

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