Contraloría detecta 315 funcionarios con condenas vigentes: el Estado sigue pagando sueldos a condenados por crímenes
El informe del ente fiscalizador revela que 73 de las sanciones corresponden a crímenes y que Carabineros, el Ejército y seis municipalidades concentran los casos, mientras las instituciones no informaron las condenas a sus jefes de servicio.

Un nuevo cuestionamiento a la probidad de la administración pública quedó al descubierto tras el cruce de datos de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó que 315 funcionarios públicos continúan desempeñándose en el Estado pese a mantener una condena penal vigente a junio de 2026, según lo informado por Vilas Radio. El organismo de control estableció que este grupo concentra 317 registros de condena, ya que dos de los trabajadores identificados acumulan más de una sentencia en su historial judicial.
El informe pone el foco sobre las instituciones uniformadas: del total de involucrados, 109 pertenecen a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y a las de Orden y Seguridad (OO.SS.), con Carabineros y el Ejército concentrando la mayor cantidad de personal sancionado penalmente que sigue activo. La revisión también alcanzó a los gobiernos locales: seis municipalidades aparecen en el reporte concentrando un total de 25 funcionarios condenados en sus respectivas plantas o dotaciones.
No se trata solo de faltas menores. Contraloría estableció que 73 de las sanciones (el 23%) corresponden a crímenes, delitos cuya pena supera los cinco años y conllevan una pena aflictiva, mientras que los otros 244 registros (el 77%) responden a simples delitos, con sentencias que van desde los 61 días hasta los cinco años según la ley vigente. La magnitud de las cifras desmiente cualquier lectura benévola: uno de cada cuatro casos involucra delitos graves.
Ante este escenario, el organismo fiscalizador ordenó a todas las instituciones involucradas iniciar investigaciones administrativas para determinar responsabilidades por la eventual omisión de informar estas condenas a los respectivos jefes de servicio y así aplicar la inhabilidad sobreviniente, figura legal que opera cuando la sanción judicial surge mientras el trabajador ya ejerce su cargo. Es decir, el problema no es solo la existencia de condenados en la planta, sino la falta de comunicación interna que permitió que siguieran trabajando.
La Contraloría también busca blindar los estándares de probidad, idoneidad e imparcialidad dentro de los servicios públicos cuando surgen incompatibilidades legales. Por ello, los organismos aludidos deberán informar al ente contralor si estas condenas fueron consideradas al momento de calificar al personal, específicamente bajo los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria, y tendrán que actualizar y regularizar las hojas de vida de estos trabajadores en el Sistema de Información y Control de la Administración del Estado (Siaper).
El caso expone un doble estándar evidente: mientras las autoridades exigen transparencia y probidad a la ciudadanía, el propio aparato estatal mantiene en sus filas a 315 personas con condenas vigentes, 73 de ellas por crímenes, sin que las instituciones hayan informado oportunamente la situación a sus jefes de servicio. La omisión no es un detalle administrativo: es la falla que permitió que las condenas no se tradujeran en la inhabilidad sobreviniente que corresponde por ley.
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