Operación Rabat: el Gobierno despliega a sus ministros para blindar al ministro de Justicia mientras la oposición busca 13 votos
La Moneda presiona a parlamentarios de Chile Vamos y del PDG para evitar que prospere la acusación constitucional contra Fernando Rabat por acortar condenas de pedófilos y violadores de DDHH.

El Gobierno mantiene desde el viernes pasado un intenso despliegue de sus ministros políticos para contactar a parlamentarios de Chile Vamos y asegurar respaldos frente a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, según lo informado por El Mostrador. La ofensiva ocurre en medio del cuestionamiento por el acortamiento de condenas de pedófilos y violadores de derechos humanos, un error que el propio Mandatario Kast reconoció el 26 de octubre, aunque decidió mantener a Rabat en el cargo y encargarle una fórmula para suspender o anular los decretos vigentes. El despliegue no se limita a la derecha: el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y los subsecretarios Máximo Pavez y Gonzalo Arenas han concentrado gestiones entre diputados del Partido de la Gente (PDG), otro de los sectores clave para la votación.
La aritmética del oficialismo no está cerrada. La incertidumbre se concentra en cinco votos de la bancada UDI y otros cinco de RN, y el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) aparece como el oficialista que más explícitamente ha manifestado disposición a respaldar el libelo. La oposición, en tanto, necesita sumar otros 13 votos para aprobar la acusación. Este lunes la Sala de la Cámara dio cuenta de la acusación y sorteó una comisión revisora con tres diputados de oposición y dos de derecha: Lorena Pizarro (PC), Lorena Fries (FA), Raúl Soto (PPD), Carlos Chandía (RN) y Germán Verdugo (PNL). Los tres opositores ya acordaron pedir al Gobierno todos los decretos, que según afirman aún no han recibido íntegramente.
El nombre de Chandía es políticamente relevante para Palacio: fue uno de los seis diputados oficialistas que el 28 de octubre apoyó la resolución que pedía la salida de Rabat y sus dos subsecretarios, y este lunes era considerado por algunos de sus pares como uno de los cinco votos de RN en duda. Desde la UDI, el diputado y vicepresidente de la tienda, Eduardo Crettón, no dio lugar a disidencias: «Los diputados de la UDI tenemos 3 responsabilidades muy claras en esto: primero, tenemos el deber de votar en la Sala, porque para eso nos eligió la ciudadanía. Segundo, tenemos el deber de respetar la Constitución y las leyes y a mí me parece que es evidente que en este caso no hay sustento jurídico para sostener la acusación. Y tercero, tenemos el deber de actuar como oficialistas incluso en los momentos complejos», declaró a El Mostrador.
Las tratativas también quedaron expuestas. Según fuentes de la derecha, la noche del 2 de noviembre Alvarado y Arenas abordaron el caso con diputados UDI en casa de un asesor del oficialismo en Concón, donde había parlamentarios que tenían por insostenible la continuidad de Rabat y advertían que la bancada no podía garantizar un rechazo unánime. En la colectividad gremialista apuestan a que al oficialismo solo le faltan dos votos para frenar la acusación, con una base de 76 votos si votan alineados, y descartan fugas hacia la aprobación. El argumento que transmiten es que el oficialismo quedaría «fuera de juego» si respaldara la ofensiva opositora.
El PDG sigue sin transparentar una postura oficial. Pamela Jiles aseguró este lunes que 12 de sus 14 diputados estarían por aprobar la acusación y solo dos mantienen dudas, mientras el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, puso paños fríos y no descartó dar libertad de acción. Además, arremetió contra la oposición por las presiones del senador Vlado Mirosevic: «¿Creen que presionar públicamente al PDG es la forma de conseguir los votos que les faltan?». La bancada se reunió este lunes a las 19:00 horas y, pasadas las 20:20, confirmaron que los diputados acababan de salir de la reunión, sin declaraciones ni definición oficial, pese a que el expediente y sus anexos superan las 4 mil páginas.
El costo político del caso recae sobre un Gobierno que reconoció el error de las rebajas de condena pero optó por mantener a Rabat y desplegar a sus ministros para sostenerlo en el Congreso. La comisión revisora se constituirá el martes 17 de noviembre y su informe será solo una recomendación: la Sala resolverá si la acusación pasa al Senado. Mientras la oposición saca cuentas para conseguir los votos que le faltan, el oficialismo apuesta a la disciplina de sus bancadas y a las voluntades del PDG para evitar que el libelo avance, de acuerdo con lo informado por El Mostrador.
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